* El Gobierno no actúa en contra de los agresores
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 13 de abril de 2015 (muralchiapas.com).- Desplazados por grupos paramilitares de la comunidad Trinidad Oquil del municipio de Venustiano Carranza demandaron al Gobierno del Estado cumplir con los acuerdos firmados desde el año pasado, así como brindarles toda la seguridad para que no les sigan asesinando y encarcelar a los asesinos de sus compañeros el 5 de mayo del 2013 cuando fueron desplazados a comunidad Nuevo Trinidad Oquil.
El 5 de mayo del 2013 un grupo armando, al parecer la casa del pueblo, entra a su comunidad matando a dos de sus integrantes, luego los desplazó fuera del lugar porque, al decir de los afectados, no se prestaron al juego político del propio gobierno, y pese a que 2 días antes de los sucesos, solicitaron protección al gobierno del estado, éste se negó a dárselas.
Luego de varios meses de plantón frente a palacio de gobierno, el propio gobernador se comprometió a apoyarlos para que desalojaran el parque central a finales del año 2013, ubicándolos en un predio que ahora Nuevo Trinidad Oquil, bajo el compromiso de apoyarle de suministros y canasta básica.
También el gobierno se comprometió a indemnizarlos a cada una de las familias afectadas que dejaron todo tras s desplazamiento, sin embargo ni los suministros ni las indemnizaciones se han finiquitado.
Manifestándose frente a palacio de gobierno la mañana de este lunar, para exigir una audiencia con el Gobernador y encontrar una respuesta positiva, Alfredo López denunció que el hostigamiento por parte del grupo armado continua y que el acecho en constante.
También acusó a políticos de estar detrás del grupo armado, como lo es Corazón Gómez Consuegra, de extracción perredista, así como otros políticos, de quien se reservó los nombres, sin embargo temen ser nuevamente atacados por tercera ocasión.
Los labriegos piden indemnización y castigo a los responsables de los asesinatos de sus compañeros, que pese de ser identificados y señalados directamente, el gobierno del estado se niega a detenerlos y enjuiciarlos como lo mandata la Constitución local y federal, así como los códigos penales y de procedimientos penales.