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Por lo que un centenar de desplazados  pertenecientes a la Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de producción Rural en el Estado de Chiapas (ARIC-Histórica) exigieron al gobierno federal y estatal el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que convocaron a todas las familias que han sido víctimas del desplazamiento forzado para que se unan en unas sola voz.

“Al despojarnos de nuestras comunidades, trajeron muerte, violencia, después de la guerra vino la explotación y hoy estamos sufriendo como esclavos durante ya casi 21 años. Decimos que hubo diferentes formas en las que fuimos víctimas del desplazamiento, lo que quedo de ese acontecimiento fue la exclusión de nuestros derechos territoriales y culturales”, señaló Julian Méndez Córdova, de la Organización La Cascada.

Al tiempo que agregó: “Hoy conmemoramos los 21 años del desplazamiento forzado de familias por causa del conflicto armado y exigimos se le de una solución definitiva a las demandas de las comunidades y familias que siguen viviendo este fenómeno que se vive en la realidad y un conflicto aun no resuelto, acuerdos en San Andrés Larrainzar aún no cumplidos”.

Méndez Córdova, indicó que en el año 209 se crea el Comité de Gestión y Prevención de Conflictos del Programa Conjunto por una Cultura de Paz (FIODM-ONU), el nació con la finalidad de buscar una alternativa de solución a los problemas del desplazamiento interno que se vive en el estado desde hace ya varios años, programa al cual se sumaron y participaron activamente ya que consideraron que mediante dicho instrumento se les daría una solución definitiva a su problema.

“Sin embargo nos damos cuenta que solo fuimos víctimas de falsas esperanzas, y los gobiernos que han pasado nos ignoran sin reconocer nuestra identidad violentando siempre nuestros derechos humanos, por esta razón se exigió se aplicara una ley en el estado por lo cual el 14 de Febrero de 2012 se planteó y aprobó en el Congreso del Estado de conformidad con la fracción I del artículo 44, de la Constitución Política Local, el cual fue publicado mediante Decreto Número 158, en el Periódico Oficial del Estado Número 355, de fecha 22 de Febrero de 2012.

Por este motivo exigimos que se aplique el artículo 21 de la ley, en el cual se pide se ponga en marcha a la brevedad posible y se instale el Consejo Estatal integrada por las entidades públicas relacionadas con la prevención y atención del desplazamiento interno, basado en el artículo 39 donde las autoridades tienen la obligación de prestar asistencia a los desplazados internos con una reparación justa”.

Según los datos de la Comisión para la Reconciliación de los Pueblos y Comunidades en Conflicto del Gobierno del estado, en el año 2008 se estimó que 2031 familias (aproximadamente 9,925) personas se encontraban en situación de desplazamiento interno por motivos políticos vinculados al conflicto de 1994, finalizó.