En rueda de prensa, Leo Heller, Relator de la ONU sobre Agua y Saneamiento, quien en días pasados visitó México y específicamente estuvo en Chiapas los días 10 y 11 de mayo, manifestó que los índices de cobertura de infraestructura hidráulica en la entidad chiapaneca aún se encuentran lejos de traducirse en un acceso integral a los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

En su discurso señaló que es impactante que en un país como México el 70% de la población reciba agua menos de doce horas por día. Expresó haber percibido que, si bien hay obras públicas que incluso están bien hechas, no son funcionales, ya que durante su recorrido observó varias plantas de aguas residuales que no se encuentran operando.

Al respecto agregó que las autoridades en Chiapas le informaron que en la entidad hay 194 plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de las cuales solo doce funcionan; es decir, el 7%, lo cual resulta alarmante pues se trata de fondos públicos aplicados a los servicios y la gente no los recibe.

Durante su visita a Tuxtla Gutiérrez realizó un  recorrido en el Fraccionamiento Real del Bosque, constatando el estado que guarda la planta de tratamiento de aguas residuales y, tras escuchar testimonios sobre los cortes en el suministro de agua y haber recibido documentación que evidencia la mala calidad del líquido que las personas reciben por otros medios, manifestó sentirse preocupado por la falta de provisión por parte de la autoridad, calificando como precario el nivel de acceso a los servicios de agua y saneamiento.

Asimismo, comentó que diversos funcionarios argumentaron que proveer servicios de agua y saneamiento a dichas localidades significaría legitimar un asentamiento u ocupación ilegal de la tierra, sobre lo cual insistió en recordar a las autoridades que los derechos humanos al agua y al saneamiento deben ser respetados, promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica, ni su situación de vivienda.

Por otro lado, dijo haber sido informado de que en el Estado las autoridades municipales permiten que los servicios sean cortados en caso de que no se pague, incluso para aquellos que viven con bajos recursos y para algunas personas que viven con condiciones crónicas de salud y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios, por lo que nuevamente le recordó al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Desde su apreciación existe poco soporte en el tema por parte de las autoridades Federales y Estatales hacia los Municipios quienes, según la Constitución, son responsables de prestar los servicios Públicos, pues no se garantiza la suficiencia financiera de éstos y se termina impactando a las poblaciones más pobres, violentando el derecho a la asequibilidad, en donde los que más sufren son los que no están conectados a los servicios. Sobre el particular indicó haber escuchado testimonios de gente que depende de la compra de agua en pipas –como se ha denunciado precisamente en la capital del Estado Chiapaneco-, pues los costos son muy altos y se afecta a los más pobres.

Concluyó recordándole al Gobierno Mexicano que debe continuar esforzándose para superar las múltiples barreras para lograr el acceso universal al más alto estándar posible de provisión de agua y saneamiento para todos los individuos.