Sin la voz de Aristegui, pierde la audiencia: Zoé Robledo* El Senador de Chiapas sostuvo que el conflicto entre el Grupo MVS y la comunicadora evidencia la falta de transparencia en los medios de comunicación en México
 
Al intervenir en tribuna para fundamentar un Punto de Acuerdo en relación al conflicto entre el Grupo MVS y la comunicadora Carmen Aristegui, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, sostuvo que sin la voz de Aristegui al aire el gran perdedor es la audiencia.

Robledo dijo que este conflicto muestra diferentes aristas, pero hay una que no se ha tratado con la profundidad que amerita: la falta de transparencia en la industria de los medios de comunicación en México.

Luego de señalar que la radiodifusión es, por mandato constitucional, un servicio público de interés general, Robledo dijo que existe opacidad en cuestiones como el gasto en publicidad oficial y la falta de conocimiento público sobre la relación entre periodistas y medios.

"Por eso vengo a plantear una pregunta: ¿pueden ser los concesionarios del espectro radioeléctrico sujetos obligados en materia de transparencia?"

El legislador chiapaneco argumentó que podría considerarse que los concesionarios, que usan, aprovechan o explotan las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, ejercen un recurso público, y por tanto deberían ser sujetos obligados a la transparencia.

Además, el parlamentario planteó otra idea, una relacionada con que la audiencia de Carmen Aristegui, y la sociedad en general apoyen a la periodista para que su labor pueda continuar en otros medios.

"No basta con ser solidarios; apoyemos los reportajes de investigación, la verificación de datos, a los corresponsales en provincia y el extranjero, con un apoyo real, que se traduzca en que Carmen Aristegui vuelva a tener un espacio, a través de cualquier medio, de radiodifusión e, incluso, a través de la transición por internet. Apoyemos la transparencia, la objetividad e independencia y busquemos una nueva alternativa periodística para Carmen Aristegui."

Finalmente propuso que sea el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el que considere la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para que la voz de la periodista no sea silenciada.