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100 dias de gobierno * Análisis del Bando de Policía y Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Dentro del Bando de Policía y Gobierno, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ejerció su derecho a legislar en pro de la ciudad y --veladamente-- abrió la puerta para que varios aspectos de la administración pública municipal se realicen en asociaciones público-privado (APP), es decir, una nueva ruta de privatizaciones y concesiones vía convenios.

Y aunque remarcó qué cosas no se pueden concesionar a privados, sí definió las formas mediante las cuales pueden darse los esquemas de cofinanciamientos, mezcla de inversiones, dineros públicos y privados para atender un servicio en el cual, la autoridad municipal, ya no puede hacerle frente porque ha sido rebasada en operatividad y capacidad financiera, pero además, porque son un negocio redituable no explorado hasta hoy en día.

Y dentro del Bando, clarificó la administración pública paramunicipal, además de formas combinadas de organizarse con otros municipios (intermunicipalidades) y, sin llamarlas por su nombre, puso a las APP dentro del concepto "Entidades Públicas Intermunicipales", al tiempo de "cubrir" este nuevo paso abierto a la privatización, en lo que pueda legislar al respecto, el Congreso del Estado.

El Bando también enumera el concepto "Empresas de Participación Municipal Mayoritaria" a aquellos convenios (fideicomisos públicos) en los cuales se permitiría la participación de dinero privado, concesionado a varios años (mínimo 30, para que sea negocio) en los cuales tiene ya un primer diagnóstico sobre los cuales trabajan ya, en las nuevas modalidades con las cuales pretende hacer políticas públicas de apariencia.

El Bando, dice: "...se podrán constituir otras entidades paramunicipales, cuando se considere necesario para el desarrollo y beneficio comunitario..." y se escuda en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley de Entidades Paraestatales de Chiapas, sin precisar el qué, cómo y bajo qué consideraciones especiales.

El Diagnóstico Privatizador

Actualmente, el Ayuntamiento tiene un primer diagnóstico de las áreas en las cuales permitirá las APP y tiene muy claro que del catálogo de servicios básicos al que está obligado a brindar a la ciudadanía, no puede y no lo hará en: seguridad pública y tránsito, agua potable, drenaje y alcantarillado, así como alumbrado público.

Para ello, el Bando estipula, en su título quinto, de los servicios públicos, en el capítulo I, de la Integración, en su artículo 45, lo siguiente: "la prestación de los servicios públicos está a cargo del Ayuntamiento, a través de sus dependencias, pudiéndolo hacer de manera directa o con la concurrencia de los particulares, de otro u otros municipios, el estado o la federación; o mediante la concesión a los particulares conforme a la Ley de Concesiones de Servicio e Infraestructura Pública".

Y en el capítulo III, de las Concesiones, el artículo 50, abre las puertas de par en par, con claridad: "los servicios públicos, excepto los prohibidos por este Bando, podrán otorgarse mediante concesión", es decir, los más de 60 que integran el catálogo de obligaciones estipuladas en la Ley Orgánica Municipal.

Nuevas Áreas de Inversión  

Por eso, el gobierno de Fernando Castellanos Cal y Mayor piensa que podrá crear formas nuevas de hacerle frente a problemas de la ciudad, como la basura (concesionada a ProActiva en el gobierno de Juan Sabines Guerrero), la prestación de señal abierta de internet en parques públicos, la instalación y mantenimiento de Parquímetros en el Centro, así como la gestión de multas de tránsito, videovigilancia (el CAVIP requiere más cámaras, no ha instalado una nueva en 3 años), manejo de bases de datos: padrones, pequeños contribuyentes, usuarios de agua, predial, papelería y manejo de la nómina mensual, entre otros.

Para crear APP's en el Ayuntamiento capitalino, era preciso dar el paso a la digitalización y a la agenda pública de medición ("Tuxtla cómo Vamos" es más un reacción anticipada a políticas de diseño institucional que "coincidirán" positivamente antes de concluir el trienio), para poder extender el abanico de posibilidades a quienes patrocinaron la campaña electoral en 2016 y a quienes patrocinarán la reelección, en 2018.

Veremos pronto, inversiones privadas en los mantenimiento especializados de los nuevos conceptos creados, soportes técnicos a modo, manejo de portales bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas, a la par de "intentonas" por mantener en la discrecionalidad las compras de insumos, las licitaciones de obras públicas, las adquisiciones y los "sobresueldos" a los funcionarios de primer orden, así como las prebendas a los tres sindicatos de trabajadores que presionan la viabilidad financiera, política y pública del gobierno de la capital chiapaneca.

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