Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 02 de diciembre de 2015 (muralchiapas.com).- El Gobierno del Estado y Federal pretende criminalizar la lucha que campesinos de la costa, emprendieron en contra de la contaminación y devastación ocasionada por la explotación de diversas minas que mexicanos y extranjeros operan en la región, sin que las autoridades ambientales actúen pese a la demostración de los hechos a simple vista.
Desde hace más de 3 años, la resistencia en contra de la indebida explotación de los recursos mineros, inició y cada día la inconformidad de la población se generaliza ya que, la contaminación que estas han generado afecta a todos, principalmente en la producción agrícola, al grado que se han tomado carreteras.
En Chiapas en la actualidad, de acuerdo al SIAM, existen 98 concesiones vigentes para la explotación minera, tres de estas se encuentran en la región de Escuintla y Acacoyagua, Chiapas, las que han causado daños y la constante inconformidad.
Dos de esas minas se encuentran en el municipio de acacoyagua; la Mina “Cristina” en el ejido la Libertad y la “Cacaos” ubicada en el ejido del mismo nombre, mientras que en Escuintla se ubica la mina “Nueva Francia” en ejido del mismo nombre, según la cartografía es de oro, plata, zinc, barita, titanio.
Desde hace meses los chiapanecos de esa región se han visto afectados severamente, pese a que han manifestado, el Gobierno Federal y del Estado, los ha ignorado llevándolos a protestar hasta con el cierre de la carretera costera federal, que les ha traído conflictos de índole legales para varios representantes que han sido señalados por los dueños y operadores de la propias minas.
Los inconformes reclaman el cese a los trabajos realizados por las mineras, porque con la actual explotación a “cielo abierto” sin que se tomen las medidas pertinentes, la contaminación causa estrados hasta la parte baja de la sierra madre de Chiapas, sin embargo sus demandas son ignoradas y por el contrario, ya fueron amenazados con perseguirlos para meterlos a la cárcel.
A principios de noviembre pasado un grupo de la empleados de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), llegó a la zona para iniciar una supervisión técnica, pese a lo que a simple vista se observa, para los empleados federales, no existe tal daño sin embargo no quisieron otorgar copia de lo ahí expuesto.