* El IEPC presentó el Foro: “Acciones Afirmativas para una Democracia Inclusiva”, donde consejeras del INE, coincidieron que con la reciente reforma que elevó a rango constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia de género, este constituye un acto de justicia social.
Ainer Marroquín / Mural Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de septiembre de 2023 (muralchiapas.com).- El modelo electoral vigente, debe garantizar imparcialidad, inclusión y paridad en las elecciones federales y locales, así como la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, consideró la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, al advertir que, en México hay retos en la aplicación de la Ley 3 de 3.
Durante la inauguración del Foro: “Acciones Afirmativas para una Democracia Inclusiva”, presentada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas (IEPC), la funcionaria electoral subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el carácter incluyente y paritario de la democracia mexicana.
Durante su ponencia, Ravel Cuevas enfatizó que impedir que personas violentadoras o deudoras alimentaras lleguen a los cargos públicos, no es un tema menor, ya que se trata de un tema de justicia, aunque reconoció, que el reto es emitir lineamientos para erradicar totalmente la violencia de género.
En este sentido, la consejera del INE refirió que las y los funcionarios públicos federales, estatales y municipales que sean deudoras de pensión alimenticia o denunciados por agredir sexualmente, y/o hayan cometido violencia familiar, no pueden aspirar a un cargo de elección popular, siempre y cuando no se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), y tengan una sentencia judicial que se los prohíba.
“Las personas que aspiran a una candidatura para estar en un cargo público, no hayan incurrido en alguno de los supuestos que establece el artículo 38 constitucional a partir de esta reforma. Los retos que tenemos las autoridades electorales, pues es hacer una revisión completa de que, efectivamente estas personas no sean violentadoras, que no sean deudoras alimentarias morosas y tener mucha coordinación con otras autoridades, porque este trámite de información que tiene que ver con sentencias penales… no es algo que tengan en sus archivos las autoridades electorales”, puntualizó.
De tal forma, la funcionaria electoral señaló como de vital importancia, elevar la exigencia ética de las personas que están en puestos de toma de decisiones, pero, en el que también se debe combatir la impunidad, ya que, de las 348 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, únicamente dos están impedidas para participar en los comicios del 2024.
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