* El informe: Chiapas un desastre indica el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que es el esfuerzo por llevar a cabo una radiografía de la situación actual con énfasis en el estado, en lo que va del año 2020 al 2022.
Ainer Marroquín / Mural Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de julio de 2023 (muralchiapas.com).- ]Del 2020 al 2022, en Chiapas se agudizó el tráfico y consumo de drogas, así como los homicidios, feminicidios y desapariciones, en diversas regiones donde también se han impuesto toques de queda por constantes agresiones armadas a comunidades enteras, alerta el informe: “Chiapas un desastre” del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Dentro de este fenómeno de violencia, el Centro de Derechos Humanos enfatiza que esta problemática ha dado paso a la expulsión masiva de comunidades enteras, ya que tan sólo entre el 2018 y el 2022, se desplazaron de forma tanto permanente como intermitente, más de 12 mil personas de la región Altos, Norte y Zoque.
De tal forma, el Frayba puntualiza que del 2018 al 2022 ha documentado el desplazamiento de 3 mil 499 personas del municipio de Aldama, de 5 mil 23 personas de Chalchihuitán, de 3 mil 200 habitantes de los los municipios de Pantelhó y Chenalhó, de 87 personas del ejido Guayabal Esquipulas, del municipio de Chapultenango, y de 250 personas del ejido Santa Martha, del municipio de Chenalhó.
Sin embargo, el Centro destaca que del año 2010 al mes de octubre del 2022, han contabilizado el desplazamiento forzado interno de al menos 16 mil 755 personas.
“Hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales”, señala el documento presentado el viernes 7 de julio.
En este contexto, el Frayba menciona que del periodo analizado en este documento, está marcado también por una crisis pandémica que hizo más notorio y profundizó el racismo estructural y la discriminación, al evidenciar la marginación, los altos índices de pobreza, la precariedad y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos, al no existir cobertura en las zonas en que se encuentran.
En este ámbito, agrega que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a tomar medidas particulares, como, por ejemplo, “asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos originarios, en particular sobre las tasas de infección, la mortalidad, las repercusiones económicas, la carga de la atención y la incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en el género”.
De tal forma, la organización civil considera que las condiciones actuales inducen a profundizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, tierra y territorio, así como de periodistas y comunicadoras; lo que trae consigo un aumento de las agresiones, que constituyen un fenómeno constante y sistemático para silenciar las voces de denuncia, con actos como amenazas e intimidaciones, entre otros; acompañadas de reiteradas campañas de desprestigio.
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