* Asociaciones civiles remarcan que los impactos psicosociales de este fenómeno en sus vidas, son profundos al estar expuestos a situaciones de violencia extrema.
Ainer Marroquín / Mural Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 03 de enero de 2023 (muralchiapas.com).-Para este inicio de año, al menos unas 5 mil personas indígenas en Chiapas continúan sin poder retornar a sus hogares por encontrarse en condición de desplazamiento interno forzado, esto derivado de múltiples impactos psicosociales.
Pese a que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Melel Xojobal y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), han documentado del 2017 al 2022, entre 4 mil 400 a 5 mil 550 personas en situación de desplazamiento interno en el estado de Chiapas.
En este contexto de vulnerabilidad, las organizaciones destacaron que en la entidad se estima que tres de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes.
Este fenómeno, precisaron se genera por diversos impactos psicosociales, pero en el caso de Chiapas esta se deriva a la violencia generalizada en municipios de los Altos y Norte de Chiapas, donde se ha denunciado desde hace varios años los recurrentes ataques, enfrentamientos, desplazamientos, desapariciones, amenazas, incursiones, retenes y el asedio que caracteriza la violencia y violaciones de derechos que viven las comunidades indígenas de Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán y Pantelhó, así como Simojovel y Chilón.
Este contexto, indicaron que se debe a la falta de atención y acción gubernamental, que junto con la impunidad, señalan que han fortalecido a los grupos armados que actúan en la región.
“Nosotros desde el Frayba lo que sustentamos que hay una crisis, desde el desplazamiento que es un reflejo de la violencia y del crecimiento de estos grupos armados por territorio chiapaneco”.
“Están en circunstancias muy lamentables. El desplazamiento en Chiapas hace notar que son los últimos desplazados del 2017 y los desplazamientos actuales, y las personas lo que buscan es un lugar de refugio… a pesar de que hay una ley de desplazamiento y un consejo de desplazamiento que está siendo inoperante”, mencionó Pedro Faro, director del Frayba.
De esta forma, exigieron que el Estado garantice la seguridad e integridad de la población de los municipios de los Altos y Norte de Chiapas, así como de otros municipios que enfrentan una situación de violencia generalizada derivada de la actuación de grupos del crimen organizado y de corte paramilitar.
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