* Le imputan el delito de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género
* Gildardo “N”, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 07 de agosto de 2021 (muralchiapas.com).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al presidente municipal de Bóchil, Gildardo Zenteno Moreno acusado por el delito de violencia política en razón de género y de quién horas antes la propia fiscalía solicitara su desafuero ante el Congreso del Estado.
Luego que diputados del Congreso del Estado de Chiapas dieran a conocer la Declaración de Procedencia o desafuero en contra del edil la FGE a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, cumplimentó Orden de Aprehensión en contra de Gildardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.
Al ahora ex edil se le acusa de haber violentado los derechos en contra de Irene “N”, síndica municipal, Luisa “N” regidora plurinominal y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento de Bóchil, y pese a que los órganos jurisdiccionales lo condenaron, éste jamás hizo caso de tales resoluciones.
Tras lo anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, otorgada por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bóchil, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Especializada adscritos a esa Fiscalía en contra de Gildardo “N”.
De acuerdo a la carpeta de investigación correspondiente, el hoy detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de la síndica y la primera y segunda regidora del Ayuntamiento de Bóchil.
Tales como no convocarlas a sesiones, no proporcionarles información relacionada con los cargos y funciones de las ofendidas, no responder sus requerimientos de información de la cuenta pública, ni de los informes trimestrales y anual, y no les permitía asistir a sesiones de cabildo, reteniéndolas en sus propias oficinas.
El imputado fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”, donde el Órgano Jurisdiccional resolverá su situación jurídica en el término constitucional.
***
.
