Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 06 de noviembre de 2019 (muralchiapas.com).- Autoridades federales presentaron ante el juez de la causa, sendas pruebas en contra del exdelegado y ex subdelegado federal en Chiapas, de lo que fuera SEDESOL, Ezequiel Orduña Morga y Rodolfo Medina Monterrosa respectivamente, en el que les imputan el presunto desvío millonario de la llamada “estafa maestra”.
Tanto el Agente del Ministerio Público Federal como personal acreditado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron ante el juez federal pruebas que les imputan a los ex empleados federales uno presunto desvío por 53 millones de pesos.
Las pruebas documentales fueron exhibidas en una audiencia de la causa penal 95/2019 ante el juez federal con sede en Tapachula, Chiapas, Silvino Arturo López Hernández y realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad.
De acuerdo a las indagatorias ambos ex servidores gestionaron indebidamente recursos para ser entregados a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en el año 2015 por lo que son señalados de uso indebido de funciones y facultades, cabe recordar que en ese año fue rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández actual funcionario estatal de gobierno.
La Sedesol y la Unach establecieron un acuerdo de colaboración en el que la casa de estudios ayudaría a la instancia federal a crear comités comunitarios en el marco de la Cruzada contra el Hambre.
Dichos comités recibirían toda la asesoraría necesaria para gestionar proyectos de desarrollo social. Sin embargo, ese servicio no fue prestado, pero si fueron pagados por un monto total de 53 millones 102 mil 260 pesos.
Incluso se imputa que falsificaron documentos para justificar el uso de esos recursos, por lo que la Fiscalía advirtió el dolo de las operaciones.
Orduña Morga y Medina Monterrosa fueron los responsables de la aprobación, seguimiento y evaluación de esos recursos y de la prestación de servicios por parte de la Unach, que de acuerdo a la documentación, nunca se dieron.
El Ministerio Público Federal señaló que no sólo hubo detrimento a la Hacienda Federal sino que se usó la bandera de la pobreza para hacerse de recursos que no llegaron a los grupos vulnerables.
El juez concedió a los ex servidores un plazo de seis días para resolver si vincularlos o no a proceso, lo que será determinado en la próxima audiencia fechada para el lunes 11 de este mes.
En tanto estableció como medida cautelar que Orduña Morga y Medina Monterrosa firmen cada 15 días en el Centro de Justicia Penal Federal.
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