Indígenas desplazados exigen a Velasco seguridad y se plantan frente a la sede de Gobierno
* Víctimas de desplazamiento forzado recriminan al gobierno chiapaneco su desatención
* “Hoy estamos aquí presentes para denunciar que el estado no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar lo indispensable que establece la ley”
Eleazar Domínguez Torres
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 10 de julio de 2017 (muralchiapas.com).- Indígenas de los altos y selva de Chiapas, desplazados por la violencia que se genera en sus comunidades, se plantaron este lunes por la mañana frente a la sede de Gobierno del Estado, donde despacha Manuel Velasco Coello para exigirle cumpla con su obligación de otorgar las condiciones mínimas para que continúen con su vida normal sin violencia permitida desde el estado.
Desplazados de los municipios de Ocosingo, San Cristóbal, Zinacantán, y Chenalhó se instalaron este día en un plantón indefinido para exigir al gobierno de Chiapas representado por Manuel Velasco Coello, se proporcione a las víctimas del desplazamiento forzado interno las condiciones necesarias para continuar su vida, toda vez que por el momento no se ha cumplido conforme lo establece la ley de atención y por lo tanto urgieron a las autoridades correspondientes una sesión del Consejo General para la atención de sus demandas correspondientes.
Romeo Farrera Vicente en representación de diversas organizaciones y representaciones de desplazados, dijo: “Intentando hacer uso de nuestra Constitución Local, del estado de Chiapas en el Capítulo Uno de los derechos humanos, el artículo tercero establece que el estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales, así como garantizar su ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia de toda persona.
Y en este intento basado en la Ley para la Protección y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas que en el artículo Díez establece que las autoridades garantizarán que los desplazados internos gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluyendo el derecho de seguridad, salud, educación e higiene y deberán gozar de alimentos y agua potable, cobijo y alojamiento, vestido adecuado, servicios médicos, así como educación básica y obligatoria”.
Luego de asegurar que hoy están plantados de manera definitiva en esta ciudad capital y presentes para denunciar que el estado no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar lo indispensable que establece la ley como lo son vivienda, alimentos, vestido, salud y que en ese sentido hoy hicieron presencia las ocho familias desplazadas desde el año dos mil nueve del Ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, así como cuatro mujeres violadas por quienes las expulsaron la cual la Fiscalía General del Estado hasta este momento aún no termina de integrar la Averiguación Previa por violación tumultuaria, así como las diez familias del Ejido Tenango del municipio de Ocosingo expulsadas en el dos mil quince, y que en similar situación la Fiscalía General del Estado aun no consigna la Averiguación Previa.
Así como representantes de las ciento quince familias expulsadas por grupos de la ALMETRACH, de la colonia Santa Catarina del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, cuyos grupos paramilitares fueron plenamente identificados y responsables de privar de la vida al profesor Juan Carlos Jiménez Velasco, hechos ocurridos el veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis, quien fuera dirigente de la colonia Santa Catarina y expulsado, entre otras organizaciones quienes hoy demandan al gobierno del estado la atención a sus demandas, concluyó.
