Después de varios años de manifestaciones y exigencias públicas a fin de lograr la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, finalmente fue la estrategia aplicada por la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres”, mediante la representación jurídica del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), quien hizo efectivo tan importante mecanismo que el Gobierno de Chiapas había obstaculizado reiteradamente.

Aunque la violencia hacia las mujeres en la entidad chiapaneca (como en gran parte de México) es un asunto añejo, el drástico incremento en los reportes sobre feminicidios durante los últimos años se ha convertido un tema de verdadera alarma y preocupación, sin que las autoridades estatales asuman la dureza de la problemática.

La férrea determinación del Gobierno de Chiapas, principalmente desde la llegada de la actual administración, se había convertido en el principal obstáculo de los grupos feministas para alcanzar el reconocimiento oficial de la apremiante situación y acceder a los protocolos federales especiales para hacer frente al escenario de alerta.

De manera contradictoria y vergonzosa, las hermanas De León Villard (Sasil e Itzel), mediante la misma Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), se asumieron como las principales enemigas de las asociaciones promotoras de la alerta de género para Chiapas. La indicación desde la Casa de Gobierno era impedir a toda costa la activación de un mecanismo que expusiera las contradicciones entre el discurso y la realidad de las mujeres en Chiapas.

Para muestra está lo sucedido a principios de 2014 cuando, tras haberse emitido la solicitud de alerta por parte de Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, fue la misma Sasil de León Villard quien acudió ante la Secretaría de Gobernación para desmentir los datos presentados por organizaciones civiles feministas, minimizando la situación y asegurando la innecesaridad de una alerta de violencia de género para la entidad chiapaneca.

Aunque parezca difícil de creer a eso se debió, en gran parte, la demora de una declaratoria tan urgente con esa: a las prácticas erradas de la clase política para tratar de ocultar una realidad tan evidente como la violencia en todas sus expresiones; pero, sobre todo, a la insistencia del mandatario chiapaneco para ocultar u obstaculizar toda situación que pudiera manchar su “camino guajiro” hacia una posible candidatura presidencial.

El 18 de noviembre finalmente se consiguió otro importante logro en la larga lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres. Un batalla jurídica que se materializó en noviembre de 2013 con la solicitud formal ante el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y que, frente a la obstaculización de la SEDEM y la consecuente negativa de la SEGOG, tuvo que transitar hacia un juicio de amparo que ahora tienes sus frutos.

Y es que, el informe final emitido apenas el pasado mes de junio por el grupo de estudio interdisciplinario de la SEGOB terminó confirmando lo que para todas y todos era claro desde el principio: la alta vulnerabilidad en que viven muchas mujeres de Chiapas, donde la violencia ha demostrado ser altamente fatal y las autoridades responsables han preferido guardar silencio para evitar “daños colaterales” a las aspiraciones políticas de los gobernantes en turno.

La alerta notificada el pasado viernes es efectiva para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y obliga a los ayuntamientos, el Gobierno de Chiapas y la Federación a adoptar e implementar las acciones que sean necesarias a fin de garantizar seguridad, medidas de prevención y justicia para las mujeres, con el seguimiento especial de la Secretaría de Gobernación y presupuestos especiales para ello.

Si bien no es suficiente y la declaratoria debió aplicarse a todo el territorio chiapaneco, este hecho representa un gran paso para la incansable lucha feminista en Chiapas. Y por eso, en honor a la misma justicia, es aquí donde se debe reconocer el gran trabajo político y jurídico realizado por destacadas figuras de la defensoría como Martha Figueroa Mier, Mercedes Oliveira, Alma Padilla, Claudia Vázquez y Gloria Flores Ruiz, entre otras mujeres valiosas que luchan diariamente por un Chiapas de verdadera equidad efectiva.

El gobierno de Chiapas, que encabeza Manuel Velasco Coello, sin duda ha perdido otra batalla contra las asociaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos, como resultado de una errada política pública de omisiones y violaciones a las garantías de seguridad, igualdad jurídica y justicia que parecen estar fuera de todas sus prioridades reales de gobernanza.