Cada vez queda menos dudas que para la gran mayoría de la clase política mexicana los Derechos Humanos son un asunto irrelevante, sobre todo cuando estos principios constitucionales se interponen a los intereses políticos particulares o de grupo. Así quedó claro este miércoles con el rechazo mayoritario a la iniciativa presidencial para reconocer el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo al denominado matrimonio igualitario.
Fueron (en su mayoría) los propios legisladores priistas quienes terminaron dando la espalda a la iniciativa presidencial más progresista que Enrique Peña Nieto ha presentado hasta la fecha. En total se contabilizaron 19 votos en contra y ocho a favor por parte de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los argumentos aludidos por los opositores sonaron a pretextos banales, sin sustento sólido dentro del nuevo marco constitucional de Derechos Humanos. El compromiso de México con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las resoluciones de la SCJN y la propia Constitución Mexicana simplemente no fueron motivo suficiente para hacer valer en nuestro país el principio esencial de igualdad ante la ley para todas y todos los mexicanos sin distinción alguna.
Para los ya desacreditados legisladores mexicanos los Derechos Humanos son mercancía de negociación electoral. Y es que nuevamente sucumbieron ante los intereses absolutistas de los grupos conservadores y religiosos que están dispuestos a hacer lo necesario para imponer sus dogmas sobre la vida de todos a fin de regresar a los oscuros rincones del miedo y la subyugación a quienes no piensen como ellos.
De manera desvergonzada y cínica los priistas de ultraderecha han querido descargar toda la culpa de sus reciente derrotas electorales sobre la iniciativa de matrimonio como si lo hecho por gobernantes como Javier Duarte o el propio presidente Enrique Peña Nieto no fueran justificación suficiente para generar un abrumador rechazo a los resultados de su partido.
No señores. La iniciativa de matrimonio igualitario no fue la causa de sus derrotas, ni la gota que derramó el vaso para perder gubernaturas como lo han querido hacer creer. Si ese fuera el caso, desde hace muchos años la ahora Ciudad de México no estaría en manos de los partidos de izquierda. No sean desvergonzados y mejor admitan el manejo tan vil que han dado al tema para negociar favores electorales con las mafias religiosas.
En lo que respecta al Partido Acción Nacional (PAN), no sorprende nada su postura en contra. Es un partido con claros lineamientos conservadores, donde el reconocimiento de las libertades humanas nunca va a estar -siquiera- a discusión. Y del Partido Verde Ecologista mejor ni hablar. Esa es la clase de legisladores que México tiene, violadores cínicos de los Derechos Humanos y permanentes transgresores del Estado laico.
Hoy los grupos religiosos festejan los que consideran una victoria sobre las minorías, sobre quienes –según ellos- no deben tener cabida en un país donde su Dios (en pleno Siglo XXI) debe ser directriz de las leyes que rijan a todos. Un México donde la garantía de Estado laico sólo es un adorno textual para la Constitución y sus legisladores usan las curules como simples trampolines de financiamiento electorero.
Sin embargo, el matrimonio igualitario no es asunto muerto. Es un asunto importante que seguirá su cauce en las instancias internacionales donde México deberá rendir cuentas su desacato flagrante al cumplimiento de los Derechos Humanos como principios universales de igualdad y no discriminación.
