La ausencia de gobernabilidad y la implementación de regímenes autoritarios, lejanos a la ciudadanía, ausentes de sus responsabilidades y opresores, indudablemente terminan gestando escenarios de violencia, confrontación, indignación y convulsión como las que tanto daño le han hecho a México y sus “virreinatos estatales” durante tantas décadas.
Por más excusas oficiales, manipuleos mediáticos o montajes políticos para confundir a la opinión pública, el principal enemigo de México se llama corrupción y se ha incrustado como la plaga más reacia entre los tres niveles de gobierno. Tiene diferentes nombres, rostros y apellidos, pero actúa bajo los mismos parámetros de ilegalidad permisiva.
El sistema político mexicano en su mayoría se encuentra ya muy podrido y la situación se ha vuelto evidente. Las instituciones están desacreditadas y las autoridades carecen de la credibilidad ciudadana. En México, hoy ni los partidos ni los legisladores representan a ningún sector. Ya sólo se representan a sí mismos.
Por eso la situación está como está. Por eso nuestra tierra se convulsiona entre su tejido social, porque ha quedado huérfana, porque los gobiernos se han quedado en ese peligroso limbo que termina desboronando Estados, lejos de estas figuras nacionalistas democráticas que parecen ser sólo adornos jurídicos para quedar bien ante el resto del mundo
Y los cómplices de la corrupción abundan. Usted póngale el nombre y apellido que más le guste. Al fin y al cabo hablamos de los hijos del mismo sistema empecinado en que las cosas no deben cambiar, no pueden modificarse porque las estructuras del poder y el sistema de privilegios perfectamente entrelazado no pueden alterarse.
Son los mismos que simulan un permanente estado de rivalidad, pero salen a defender el “estatus quo” cuando es necesario. Esos para quienes pueden desfilar las más grandes violaciones a los Derechos Humanos frente a sus ojos sin que se inmuten, pero saltan de indignación cuando el asunto resulta conveniente.
Y el futuro no parece muy alentador para los siguientes dos años. No se avizora una reconsideración del rumbo. No se proyecta un cambio de estrategias aunque el desarrollo y la estabilidad social del país sean arrolladas de por medio.
Porque en México, como en otros tantos países de América Latina, pero sobre todo en México, la honestidad ciudadana es castigada por el poder, el sentido de justicia e independencia no tiene cabida. Tener convicciones propias incomoda a los poderosos, a los jefes, a los funcionarios, que terminan contagiados por esas ideas virreinales en sus pequeños copos de control burocrático.
En México los defensores de Derechos Humanos y las asociaciones dispuestas de enarbolar causas ajenas a los intereses gubernamentales apestan. Al gobierno sólo le sirven muertos y a la distancia de los años; para configurar premios a su nombre y entregarlos finalmente como condecoraciones a los miembros “ilustres” de la su misma “clase política”.
Por eso la posibilidad de transformación no se va a gestar desde el poder mismo, sino desde una ciudadanía convencida y comprometida con hacer que las cosas cambien. Sin quebrantarse, distraerse o dejarse engañar, porque sólo así el sistema de privilegios tiembla y expones sus mayores debilidades. Porque sólo con una ciudadanía verdaderamente activa se puede demostrar que el poder no se concentra en un solo grupo.
