Después de años de desacato y omisión por parte del Congreso de Chiapas, todo parece indicar que los días de la lasciva indiferencia legislativa contra la población LGBTI de la entidad chiapaneca están contados. La resolución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligue al Congreso local a reformar las leyes que aún impiden el matrimonio igualitario es ya inminente.

Y es que esta semana la Asociación Civil Unidos Diferentes anunció el inicio de la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos 144 y 145 del Código Civil local que, pese a los nuevos criterios de igualdad constitucional, todavía hacen del matrimonio civil en Chiapas un derecho exclusivo para las personas heterosexuales.

La estrategia jurídica implementada por Unidos Diferentes utilizó como eje medular las recientes reformas aplicadas al Código Civil chiapaneco en materia de edad para contraer matrimonio, que al ser publicadas hicieron susceptibles de impugnación a todos los artículos reformados, convirtiéndose en la principal herramienta jurídica para hacer posible dicho proceso a nivel federal.

Con este procedimiento Chiapas se convirtió en la segunda entidad federativa en promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hoy ha asumido como propia la defensa jurídica del matrimonio igualitario en Chiapas contra la omisión flagrante de su Congreso local.

El panorama hoy es muy claro. Las condiciones, los antecedentes y los criterios recurridos por Unidos Diferentes y la CNDH, advierten lo inevitable. En corto plazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguramente resolverá a favor de la “Acción de Inconstitucionalidad 32/2016”, declarado inmediatamente la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

Sin embargo, lo más vergonzoso para los legisladores chiapanecos será la consecuente orden de la SCJN para obligar al Congreso de Chiapas a reformar dichos artículos evidentemente violatorios a los Derechos Humanos. El asunto no se vislumbra nada cómodo u honroso para un poder legislativo expuesto a nivel nacional.

 El hecho resulta excepcional e histórico por el peso político que caerá sobre el Congreso Local como una autoridad omisa y violatoria al marco constitucional. Pocas veces el legislativo chiapaneco se ha visto en una encrucijada tan bochornosa ante una embestida jurídica procedente ni más ni menos que de la máxima instancia nacional.

Por eso no deberá resultar extraño que en las siguientes semanas o meses el Congreso chiapaneco se vea forzado a reconsiderar su postura en torno al tema de matrimonio igualitario y suba a tribuna alguna nueva iniciativa de reforma al Código Civil para evitar semejante “regaño” que ya se ve inminente por parte de la SCJN. Unidos Diferentes ha entregado ya una iniciativa emanada de la ciudadanía como última oportunidad de reivindicación, ahora sólo resta esperar la decisión final de quien finalmente manda en el Congreso local.