En la Mira

Héctor Estrada

Los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que demuestran millonarios faltantes en el presupuesto asignado para la emergencia epidemiológica por el chinkungunya, podrían demostrar la responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas en la propagación descontrolada del virus durante 2014 y 2015.

El caso se coloca como uno de los señalamientos más graves para la actual administración de Manuel Velasco Coello. Pues más allá de los procedimientos legales que seguramente se seguirán por el presunto desvío de recursos, el asunto también podría implicar acusaciones o procedimientos legales por omisión y atentados contra la salud pública, al tratarse de recursos asignados para la atención de una alerta epidemiológica.

Para que se entienda de manera más clara la seriedad de los señalamientos, es necesario precisar que la ASF realizó una verificación física a la Secretaría de Salud de Chiapas donde detectó diversas irregularidades en la aplicación de los recursos asignados a la entidad para hacer frente a la epidemia; simplemente no se comprobó el uso y destino de casi el 40 por ciento del dinero etiquetado.

De los 12 millones 705 mil pesos que recibió de la Federación para la contingencia, Chiapas únicamente justificó el gasto de mil 800 millones, aunque parezca increíble regresó seis millones de pesos y no pudo comprobar el ejercicio de los cuatro millones de pesos restantes que desaparecieron de las arcas públicas sin justificación alguna.

Además, la administración estatal recibió cuatro mil 867 insumos (insecticidas), que equivale a 31 millones de pesos para la atención del programa Prevención y control de dengue y otros vectores”.  Sin embargo, el gobierno de Manuel Velasco “no acreditó la recepción, resguardo y distribución” de 243 insumos por un importe de 13 millones 664 mil pesos.

Tampoco comprobó la distribución de 94 insumos por un importe de 9 millones 339 mil pesos a las unidades responsables de su aplicación, por lo que la Auditoría atribuyó un “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal por un monto total 27 millones 850 mil pesos que Chiapas recibió y no acreditó que los haya aplicado para prevenir epidemias.

Las cifras antes señaladas responden en mucho a esas preguntas que tantos se hicieron durante la epidemia de chinkungunya y hoy otros tantos se hacen con la epidemia del Zika. ¿Por qué no eran perceptibles las campañas de fumigación, abatización y descacharramiento? ¿Por qué la insistencia de las autoridades locales para minimizar las cifras de enfermos a nivel nacional? y ¿Por qué la falta de brigadas para atender a tantos enfermos?... posiblemente ahí se tienen las respuestas.

En los datos revelados por la propia Auditoría Superior de la Federación podrían justificarse finalmente tantas acusaciones e indignación por parte de una población que se sintió abandonada por las autoridades responsables de garantizar la salud pública en Chiapas. 

Porque en nuestro estado las autoridades de salud brillaron por su ausencia, con familias  a las que no les quedó de otra que asumir los riesgos de contagios prácticamente inevitables y enfermos que tuvieron que recurrir a sus propios recursos de atención médica o remedios caseros, sin olvidar a las tantas personas que perdieron la vida debido complicaciones relacionadas con la epidemia. Algo similar que pudiera estar ocurriendo con el Zika.

Ahí está la verdadera gravedad del asunto. En un gobierno que, en caso de comprobarse lo  señalado por la ASF, habrá incurrido en serias omisiones durante la alerta epidemiológica a las que deben atribuirse responsabilidades, pero además habrá demostrado su falta de sensibilidad y compromiso social.

Porque esto va más allá de los fraudes electorales o el desfalco a fondos de infraestructura, no corresponde a un asunto exclusivamente monetario, se trata de una contingencia que cobró vidas e incapacitó personas, donde la salud pública estuvo de por medio, pero nuevamente la avaricia y corrupción fueron prioridad.