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En la mira
Héctor Estrada
Programas sociales, presupuestos de la corrupción

Los jugosos ingresos anuales que significan para las arcas estatales los presupuestos federales asignados para programas sociales se han colocado nuevamente en el centro del escándalo público, tras resultados difundidos ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde Chiapas no salió bien librado.

De acuerdo a los resultados hechos públicos este jueves, como resultado de la Cuenta Pública 2013 se documentaron irregularidades tan evidentes como la entrega apoyos a personas muertas, a mayores de 100 años de edad sin contar con la constancia de supervivencia correspondiente y a gente que ni siquiera reunió los requisitos de ley.

Las pruebas expresas en documentos oficiales de muestran que se entregaron montos superiores a los autorizados con subejercicios de recursos, pagos indebidos o injustificados a personal, además de la ausencia de comprobantes de las erogaciones.

Chiapas se ubicó dentro de las cinco  entidades federativas que concentraron la mayor proporción de observaciones con alrededor de tres mil 600 millones de pesos que aún no han podido ser comprobados, lo que representa el 5.2 por ciento del total de observaciones en el rubro social a nivel nacional.

La lista de los estados señalados la encabeza Veracruz, con el 17.3 por ciento -unos 12 mil 110 millones-; Michoacán, 9.9 -alrededor de 6 mil 900 millones-; Jalisco, 8.6 por ciento -6 mil millones-, Estado de México, 5.6 -3 mil 900 millones-; Chiapas; Guerrero, 4.5 -3 mil 150 millones-, y Oaxaca, con el 4.3 por ciento -3 mil millones de pesos-.

Estos datos reveladores son el resultado de las 922 auditorías que el órgano fiscalizador, dependiente de la Cámara de Diputados, realizó al gasto federalizado durante el primer año de ejercicio del presidente Enrique Peña Nieto.

De monto global, el 29.2 por ciento, es decir, 22 mil 993 millones de pesos, corresponde a recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación. 18 mil 189 millones de pesos, es decir, el 23.1 por ciento, corresponden al rubro de falta de documentación comprobatoria de las erogaciones.

Diez mil 945 millones de pesos fueron detectados en transferencias de recursos a cuentas bancarias distintas de las autoridades. Mientras el 10.2 por ciento restante, que representa 8 mil 31 millones de pesos, fue recurso aplicado en obras, acciones y conceptos que no se corresponden con los fines de los fondos y programas.

Hoy las entidades federativas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio 2013. Son resultados que deberán prender los focos de alerta en torno al manejo de estos recursos millonarios  que, esta vez, tienen pruebas fehacientes de las irregularidades a las que son sometidos.