25 enero 2016.- El 18 de mayo del 2015, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, destituyó en público a quien era delegado de la Semarnat en Quintana Roo, Carlos Rafael Muñoz Berzunza.
Muñoz Berzunza era una herencia del gobierno de Vicente Fox, durante el cual, Muñoz se había dedicado a otorgar autorizaciones para desarrollos inmobiliarios en áreas de reserva ecológica.
El, a partir de ese día, ex delegado de la Semarnat, era señalado por ambientalistas por permitir la destrucción de manglares para favorecer a empresarios y al en su momento gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks.
Dos meses después de esa defenestración pública, renunció quien era director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios.
Tras su renuncia, Juárez Palacios fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en el otorgamiento de permisos.
Fue esta persona quien, en el 2005, firmó la autorización para que Fonatur pudiera impulsar un desarrollo inmobiliario en el manglar conocido como Malecón Tajamar.
Aunque la autorización es aparentemente legal, es ilegítima, porque provino de un funcionario que después fue inhabilitado y en una época en la que mandos medios de la Semarnat otorgaban permisos a discreción para realizar obras en zonas de preservación ecológica.
Sería buena idea que el Poder Judicial de la Federación, a través de los diversos juicios de amparo que están en proceso, revisara la legalidad y la vigencia de la autorización otorgada en el 2005 para impulsar todo un desarrollo inmobiliario en Malecón Tajamar.
¿La autorización otorgada por un funcionario medio de la Semarnat en el 2005 pesa más que la prohibición expresa en la Ley General de Vida Silvestre, de la “remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia”?
Los inversionistas están en su derecho hacer valer la autorización que data del 2005 para destruir el manglar Malecón Tajamar, pero la ciudadanía también debe hacer valer su derecho a un medio ambiente sano.
Las actuales autoridades de la Semarnat podrían resolver el entuerto de una manera muy sencilla: revocando la autorización otorgada en el 2005.
Pero posiblemente por temor a pisar callos de personajes muy empoderados, la Semarnat prefiere mantenerse al margen, como si eso fuera posible, y dejar que la liga se siga estirando.
OFF THE RECORD
**DEBATE, YA
En el Senado se inició ya el debate sobre la posible legalización de la marihuana.
Ojalá que dicho intercambio de ideas lleve a algo positivo y no a mantener los mismos prejuicios y dogmas que solo han beneficiado a los delincuentes.
**ACAPULCO, A LA CABEZA
Acapulco es la ciudad número uno…pero en violencia.
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, el puerto guerrerense es la ciudad más violenta del país y la cuarta a nivel mundial.
Lo que le dio ese nada honroso sitio fue la ola de homicidios registrada en lo que va de este 2016.
