En la Mira
Héctor Estrada
La culpa sí es del Estado
Garantizar la paz y estabilidad social también es responsabilidad del Estado; esa es una de las máximas tareas de todo gobierno democrático. Porque el cierre al diálogo y la imposición de medidas sobre cualquier sector social no puede traducirse en otra cosa más que en autoritarismo puro, y eso es lo que hoy mantiene a México desangrándose.
Lo sucedido ayer en las inmediaciones de la Escuela Mesoamericana de Protección Civil de Chiapas, donde se realizaría la evaluación magisterial, es una clara y lamentable consecuencia de las estrategias arbitrarias utilizadas por el fallido gobierno de Enrique Peña Nieto para imponer a toda costa sus mal llamadas reformas estructurales.
La instrucción nacional de la administración federal para el resto de sus gobiernos estatales serviles resulta evidente. La reforma laboral al sector educativo, como realmente lo es, está encaminada a concretarse pese a la sangre que tenga que derramarse, los abusos que tengan que cometerse y sobre quienes -de paso- tengan que perjudicarse.
No nos equivoquemos. Lo sucedido ayer, como en otros tantos enfrentamientos recientes entre sectores de la sociedad civil y las fuerzas policiacas del Estado, no es obra de la casualidad o la rebeldía irracional de los manifestantes. Tiene se origen en la rabia e inconformidad colectiva que provoca un gobierno autoritario, dispuesto a imponer su voluntad sobre quienes sean.
Porque en el tema de la reforma laboral al sector educativo las cosas no se han hecho bien. Se ha mal informado, se ha emprendido una feroz campaña mediática de desprestigio contra el sector docente del país, se ha hecho uso de la violencia y la intimidación, pero sobre todo se han cerrado todas las puertas al diálogo y la concertación.
¿O cómo cree que reaccionaría usted si de manera unilateral, de la noche a la mañana, el gobierno pretendiera modificar sus condiciones laborales y arrebatarle los derechos ganados por años de lucha sindical? La respuesta parece consecuente al momento de dejar la indiferencia y ver el asunto como un problema ajeno.
En Chiapas, hoy son nuevamente los maestros. Ayer eran las marchas multitudinarias contra la imposición de gobiernos municipales mediante cínicos fraudes electorales, con sus respectivas diferencias, pero con la misma sensación de impotencia civil ante lo que provoca el autoritarismo gubernamental.
Ya no debe permitirse más el enfrentamiento constante del “pueblo civil” con el “pueblo uniformado”. El Estado está obligado a minimizar los escenarios de violencia y no a propiciarlos como lo ha hecho de manera irresponsable y cobarde.
Sin embargo, en México vale más el capricho de sus gobernantes sobre la propia paz y estabilidad social, por encima incluso del Artículo 3º Constitucional que establece que la educación debe ser democrática; y justo esa práctica esencial la que ha sido la mayor ausente durante todo el proceso de la reforma que hoy causa tanto estrago.
Por eso lo sucedido ayer sí es responsabilidad del Estado. La muerte accidental o no de David Gemayel Ruiz Estudillo; los tres profesores, dos estudiantes y un padre de familia detenidos; los cuatro agentes policiacos heridos; los manifestantes lesionados; las agresiones a los periodistas Mario Castillo y Gaspar Romero; y las pérdidas materiales contra empresas particulares, todas son consecuencias de la ingobernabilidad y la presencia de autoridad omisa, incendiaria y dispuesta a pasar por encima de quien sea para imponer su voluntad.
