En la Mira
Héctor Estrada
Apesta a revancha política el citatorio entregado el pasado lunes al ex candidato panista Francisco Rojas Toledo para presentarse ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda en el Distrito Federal como indiciado por el delito de uso de recursos ilícitos durante la pasada contienda electoral.
El proceso judicial en su contra se desprende de la denuncia interpuesta meses atrás como resultado de los videos difundidos a través de medios nacionales donde se mostraba presuntamente a Francisco Rojas recibiendo dinero en una maleta por parte de empresarios para “financiar su campaña”.
Las pruebas que hoy sustentan las investigaciones corresponden a los videos de esa misma campaña de desprestigio lanzada en su contra durante el proceso electoral para dañar su imagen pública y frenarlo ante el drástico incremento de popularidad que lo colocaron por encima del candidato oficial en la capital chiapaneca.
Hoy está de más señalar lo dudoso que resultaron dichos materiales audiovisuales y la sobrexposición que tuvieron los videos en medios digitales, canales de televisión y periódicos nacionales como si el asunto se tratase de un tema de relevancia estatal y nacional. Simplemente, no se escatimaron recursos para su difusión.
Pero más allá de las acusaciones y las investigaciones consecuentes que deberá realizarse conforme a derecho, lo que resulta sospechoso son los plazos utilizados por la Procuraduría General de la República para esperar dos meses a que la efervescencia social calmara, se ratificara el triunfo del candidato oficial y finalmente llamar a Rojas Toledo ante la justicia.
El repentino llamado de Francisco Rojas como indiciado de un delito tan grave, ya concluido todo el proceso electoral y con las nuevas autoridades asumidas en el puesto, genera dudas lógicas sobre las intenciones legítimas de las autoridades judiciales, ahora colocando paradójicamente a Rojas Toledo en el banquillo de los acusados por delitos electorales.
La indignación ciudadana por el proceso que ahora persigue judicialmente al ex candidato panista, quien acusó persistentemente al gobierno actual de fraguar el fraude en la capital chiapaneca, tiene sustento en la tendenciosa procuración de justicia mexicana que hoy acusa duramente a un candidato de oposición e ignora acusaciones y pruebas aún más graves contra los candidatos oficiales.
Al tener como antecedente el recién anunciado proceso de suspensión y posible expulsión partidista del ex candidato de Morena Víctor Manuel Ancheyta, por reconocer la victoria preliminar de Francisco Rojas, cada vez resuenan con mayor fuerza los ecos de venganza política contra aquellos que se atrevieron contradecir los designios del poder.
Hoy no queda más que esperar a que las investigaciones se realicen conforme a la ley y se actúe con imparcialidad a fin de aclarar un engorroso asunto que, por ningún motivo, deberá convertirse en otro ejemplo más de autoritarismo y abuso de poder.
