En la Mira
Héctor Estrada
La resolución emitida el pasado viernes por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) dejó nueva constancia de que, en su mayoría, las instancias electorales estatales en México siguen funcionado como inútiles, costosos e ineficientes órganos cuya función se ha reducido a legitimar en el poder a la corrupción electoral de los gobiernos locales.
Los ejemplos de lo anterior sobran en antecedentes recientes. Casos de impugnación y juicios de nulidad contra “comicios anómalos”, protagonizados por candidatos oficiales y gobiernos orquestadores de fraudes electorales, terminan inevitablemente en las instancias federales por la inefectividad cómplice de los tribunales locales.
Lo sucedido en Chiapas el pasado viernes no requiere de nuevas explicaciones a detalle. Se trata de un proceso ilegal por el ángulo en que decida observarse, con pruebas documentadas expuestas y vistas en diversos medios públicos, además de argumentos casi reiterativos que no dejan duda sobre la arbitrariedad cometida.
Aquí hubieron hasta funcionarios púbicos detenidos, videograbados y denunciados en pleno proceso de compra de votos, para días después ser removidos de sus puestos mediante determinaciones gubernamentales que sólo ratificaron las sospechas. Sin olvidar las actas de casilla cínicamente alteradas o amañadas expuestas en redes sociales.
Lo resuelto por el tribunal electoral en Chiapas tampoco fue una sorpresa, sin embrago no deja de ser un hecho ofensivo e indignante para gran parte de la ciudadanía que fue testigo directo de los delitos electorales que dieron sustento al proceso de impugnación local.
Las pruebas sobre los delitos electorales que desfilaron cínicamente durante los comicios del 19 de julio fueron insuficientes para que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas anulara la elección en Tuxtla Gutiérrez. Para los magistrados, el reparto de despensas, el uso de programas sociales y las demás pruebas no resultaron contundentes.
Con todo esto resulta evidente que los ciudadanos vimos y vivimos una jornada distinta, plagada de ilegalidad descarada, que los magistrados no vieron, no quisieron ver o simplemente les resultó "electoralmente aceptable".
Los magistrados del TEECH han dejado en claro para quien trabajan, y es notorio que no lo es en favor de la democracia y la ciudadanía. Han cumplido con su misión legitimadora de la ilegalidad para desquitar su jugoso salario emanado el erario público. Han cumplido con quien los puso y los mantiene en ese puesto.
Con la resolución en el Caso Tuxtla, Manuel Velasco ha consumado su responsabilidad en uno de los "fraudes electorales" más escandalosos en la historia reciente de Chiapas. Está clara la postura intransigente y caprichosa del actual gobierno para consumar “cueste lo que cueste” sus decisiones sobre la voluntad de los demás.
Será en la semana que inicia cuando se formalice el proceso de impugnación ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tendrá todo el mes de septiembre para resolver el tema y definir de una vez por todas el bochornoso escenario electoral que actualmente se vive en la capital chiapaneca.
