En la Mira
Héctor Estrada
Después de tanta omisión gubernamental y promesas oficiales para poner fin a las operaciones nocivas de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, ubicada al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, antes de concluir este mes podría estarse resolviendo su situación legal y su posible clausura definitiva.
Este fin de semana, Carlos Morales Vázquez, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) en Chiapas, dio a conocer que antes de concluir el mes de agosto los tribunales ambientales en México deberán estar sentenciando de manera definitiva el proceso legal que se lleva desde hace casi un año contra dicha empresa extractora.
Y es que, pese a los videos y fotografías que muestran los trabajos ininterrumpidos por parte de Cales y Morteros, Morales Vázquez aseguró que no ha habido extracción de material pétreo desde la clausura temporal que se aplicó el pasado 23 de julio de 2014.
El funcionario estatal, reveló que en las investigaciones, estudios y procesos administrativos actualmente intervienen dependencias como la SEMAHN, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
De acuerdo al expediente y proceso en curso, el resolutivo determinará si la clausura se convierte en definitiva o temporal y, en su caso, los mecanismos legales que se deberán abordar para iniciar un nuevo proceso legal contra la empresa para que se resarzan los daños ambientales provocados durante varias décadas.
Cabe precisar que la empresa comenzó sus operaciones de explotación en 1963 y desde entonces se mantuvo trabajando solapada por los tres niveles de gobierno, que por omisión o conveniencia se hicieron de “la vista gorda” ante la evidente devastación.
Las afectaciones no son para menos. Desde 2003 se comenzó con la aplicación de estudios progresivos que demostraron los daños que se estaban provocando a esta área natural. Las denuncias mediáticas, las manifestaciones sociales y la declaracioncitas de incontables funcionarios en contra de Cales y Mortero del Grijalva se volvieron una tradición de cada año.
Según los expertos, el principal problema legal que ha impedido la clausura definitiva son los permisos otorgados previos a la legislación estatal que norma la extracción de materiales pétreos y al decreto del Cañón de El Sumidero como parque nacional en 1981, por lo que la empresa se había mantenido bajo un amparo legal que impedía el cese de sus actividades.
Aunado a esto y documentado por las propias autoridades de la Secretaría de Salud, durante las últimas décadas decenas de familias de la colonia Rivera de Cachuaré han padecido graves afectaciones de su salud; una situación que los motivó en más de una vez a tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa extractora.
Y es que, de manera silenciosa, desde a principios de 2010 la calera decidió iniciar el uso de la sustancia Pet Coke (compuesto señalado como toxico de acción lenta) para agilizar los procesos de las calderas y así conseguir ahorros sustanciales en los gastos de operación por el uso de combustibles.
Fue en el mes de septiembre de 2011 cuando los habitantes del poblado interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación la primera demanda colectiva en el estado de Chiapas contra la empresa Cales y Morteros del Grijalva, acusando daños a la salud, afectaciones a viviendas y perjuicios ambientales en la zona.
La demanda colectiva fue interpuesta por poco más de cien personas ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales con número de registro 000963/2011, en manos del juez Juan Manuel Vázquez Fernández; sin embargo nada se hizo al respecto.
Hoy se calcula que al menos dos mil 600 hectáreas han sido devastadas en su totalidad, una importante porción de la pared oriente en la zona aledaña a la calera presenta profundas grietas visibles y miles de habitantes de la Rivera de Cachuaré padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas toxinas.
El caso de Cales y Morteros del Grijalva exige una solución inmediata para acabar de una vez por todas con un severo daño ambiental, resultado de complicidades y graves omisiones en los tres niveles de gobierno. Ojalá esta vez el asunto no vuelva a quedarse en una simple promesa que permita más años de devastación e impunidad.
En caso de dictaminarse la clausura definitiva de la empresa extractora, Carlos Morales Vázquez estaría colgándose una de sus principales victorias en lo que va de su administración al frente de la SEMAHN y con ello uno de los más importantes precedentes en materia de justicia ambiental para la entidad chiapaneca. Hoy, resolución final parece estar ya a la vuelta de la esquina.
