En la Mira

Héctor Estrada

Las manifestaciones violentas de este jueves en la capital chiapaneca no sólo dieron un nuevo ejemplo de la irritación social maximizada tras las pasadas elecciones intermedias, también han dejado en claro serios problemas de gobernabilidad donde los canales de diálogo y concertación parecen simplemente no estar funcionando.

Aunque la violencia no puede ser aplaudida o justificada en cualquiera de sus escenarios, lo sucedido ayer en pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez tiene trasfondo, antecedentes y lecturas políticas que hacen del asunto algo que va más allá de un simple enfrentamiento entre manifestantes y elementos policiacos.

Las agresiones físicas contra las instalaciones de Palacio de Gobierno en Chiapas muestran el rostro más radicalizado de la efervescencia post electoral, de ese encono social gestado tras un proceso plagado de irregularidades cínicas, campañas envueltas en constantes violaciones a la ley, conteos distritales altamente sospechosos y uno que otro oportunista político “operando” tras el anonimato.

Más allá del trasfondo político que pudo mover o no a los habitantes de San Juan Chamula para manifestarse así en la capital de Chiapas, el enfrentamiento de este jueves no puede ni debe tomarse a la ligera por parte de las autoridades, debe asumirse como un nuevo llamado de alerta para los encargados de la política interna.

La radical manifestación de ayer no puede abordarse como un caso aislado, es parte de un convulsionado escenario post electoral que ha mantenido a varios municipios de la entidad con muestras de inconformidad casi permanentes, además de una ciudad capital envuelta en manifestaciones multitudinarias y protestas sin precedentes.

Cada vez son mayores las dudas y cuestionamientos sobre el trabajo realizado por la Secretaría de Gobierno en Chiapas, a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda, en donde todo indica que el diálogo con los sectores inconformes simplemente ha estado ausente. Y ya ni hablar de garantizar un Estado de Derecho que también parece haber tomado sus vacaciones.

Es claro que el principal tema de inconformidad está ahora en manos de los tribunales electorales, pero su atención también tiene implicaciones políticas que deben atenderse con premura e inteligencia. La situación exige soluciones inmediatas que vayan más allá de los caprichos y busquen como meta única la concertación social.

Urge dar viabilidad a los conflictos electorales aún vigentes, reencausar las salidas políticamente adecuadas y comenzar a cauterizar heridas político-sociales dentro de una entidad cuyo control evidentemente se le ha salido de las manos a sus responsables.

Si la disposición y cordura política del poder en Chiapas no cambia de tenor, la entidad podría estar sentenciada a tres años de inestabilidad que no benefician a nadie. Por el bien de Chiapas deberán enmendarse los errores cometidos que generaron tan elevada crispación social y regresar la paz social alterada tras el proceso electoral reciente.