Luego de un acecho sistemático, desde el crimen organizado y las propias instituciones de gobierno, la voz del Padre Marcelo terminó siendo silenciada. Así, el pasado domingo, concluyó la historia del sacerdote tzotzil que durante la última década se convirtió en uno de los mediadores indígenas más relevantes de Chiapas, pero también en una de las figuras más incómodas para los responsables de la violencia en la entidad.
Marcelo Pérez ya había advertido numerosas veces sobre las amenazas en su contra. Incluso, aseguraba que “su cabeza” ya tenía precio. Vivía bajo el temor de las advertencias contra su vida, pero nunca guardó silencio o dejó el activismo público contra la violencia en la entidad, especialmente en las zonas indígenas.
Desde 2015, Marcelo Pérez contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo que enfrentaba. Y es que, desde 2014 se había convertido en un líder visible de la resistencia contra el crimen organizado en Chiapas, tras encabezar una peregrinación que recorrió 12 municipios del estado para denunciar el creciente tráfico de drogas y la penetración de grupos criminales en las comunidades indígenas.
En ese entonces, la CIDH instó al Estado mexicano a adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad del padre luego de que en mayo de 2014 fuera seguido por vehículos cuyos ocupantes “parecían militares”. Además, el consejo parroquial había recibido información de que se ofrecían entre 100 mil y 150 mil pesos por su vida, aunado a que el 15 de junio de ese año individuos no identificados intentaron ingresar por la fuerza a la parroquia.
El expediente de la CIDH documentó ejemplos de las amenazas recibidas durante 2014 y 2015, incluyendo una marcha organizada en Simojovel por grupos priistas en contra del padre y testimonios de fuentes que le habían informado sobre supuestos planes para secuestrarlo o asesinarlo. Sin embargo, el hostigamiento y las amenazas continuaron los siguientes años.
Al Padre Marcelo no le quedó de otra que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó debido a amenazas por parte de paramilitares relacionados con la masacre de Acteal, por lo que fue transferido al municipio de Simojovel.
Desde su nueva parroquia Marcelo Pérez no cesó durante los siguientes años en sus tareas de interlocución con los pueblos afectados por la violencia. Participó en marchas por la paz y actos de resistencia civil, denunciando no sólo a los grupos delictivos, sino también la corrupción y colusión de las autoridades con esas redes criminales.
En mayo de 2020, el gobierno de Suecia lo nominó para recibir el premio “Per Anger 2020” por su trabajo en defensa de la justicia, la paz y la dignidad de los pueblos originarios de Chiapas. Sin embargo, las amenazas de muerte en su contra continuaron, por lo que iglesia católica decidió trasladarlo a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas.
Durante los últimos años fue involucrado en la interlocución de conflictos dentro de municipios como Pantelhó y Chenalhó, entre otros. Sin embargo, nunca se supeditó a los intereses de las autoridades. Persistió como una voz incómoda y crítica, denunciando omisiones, abusos, complicidades y crímenes, como el del también defensor de derechos indígenas Simón Pedro, movilizando a cientos de personas dentro de sus marchas.
Su discrepancia con las autoridades y su involucramiento con sectores afectados por la violencia, lejanos a los intereses gubernamentales, también le generaron problemas judiciales. Muestra de ello fue la orden de aprehensión girada en su contra en junio de 2022 cuando, de forma sorpresiva, fue acusado de la desaparición de 21 personas dentro del municipio de Pantelhó. No obstante, luego de la condena generalizada contra dicho proceso judicial, la detención del sacerdote fue extraoficialmente pausada.
Su última manifestación masiva ocurrió el pasado mes de septiembre cuando movilizó a miles de personas por las calles de Tuxtla Gutiérrez en su “última gran marcha por la paz”. Ahí fue nuevamente contundente en sus declaraciones contra la violencia creciente, las víctimas, la incapacidad del Estado y las amenazas latentes contra otros párrocos de la entidad.
Esa fue su última movilización a gran escala contra la violencia, pues su vida fue finalmente interrumpida por hombres armados el pasado domingo en San Cristóbal de las Casas luego de oficiar misa y subirse a su vehículo. Al final, la violencia sistemática terminó cumpliendo sus amenazas para silenciarlo.
Hoy, las comunidades indígenas, las organizaciones civiles, los feligreses católicos y la ciudadanía piden justicia para el sacerdote; justicia que garantice el derecho a la verdad y no se satisfaga con la detención simple de los autores materiales; tal y como ha sucedido con otros crímenes como el de Simón Pedro, cuyo caso, lamentablemente, terminó cerrado sin autores intelectuales bajo proceso… así las cosas.
