La expansión de los grupos criminales, robustecidos por la anarquía y la creciente distribución ilegal de armas en los Altos de Chiapas, se ha sumado recientemente al nudo de conflictos que mantiene a numerosas comunidades de Chenalhó sumidas en la violencia y el desamparo de la inacción gubernamental.

La interminable violencia que vive ese municipio de Chiapas continúa complicándose con el paso del tiempo. Así, lo que comenzó en 2015 como una estrategia ruin del gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello para desplazar a grupos opositores del Partido Verde, armando a sus aliados, terminó en una escalada de agresiones imparables entre comunidades fragmentadas y confrontadas.

La crisis humanitaria que vive esa región de la entidad es un problema que se agudizó durante la segunda mitad de la década pasada, mientras el gobierno de Velasco enfocó sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos. Y es que, en lugar de buscar soluciones para los añejos conflictos agrarios que se mantenía vigentes, se aprovechó la disyuntiva para intentar sacar rajada política.

En 2017 se incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los conflictos de origen, además de que se hizo caso omiso a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio.

Así, las autoridades se desentendieron por completo de la problemática y el asunto creció hasta alcanzar niveles fuera de todo control. Las agresiones contra comunidades se volvieron una constante. De esta manera, desde ese entonces la violencia en Chenalhó ha dejado durante los últimos años miles de desplazados y familias asesinadas por agresiones intermitentes.

Sin embargo, hoy es el grupo criminal “Los Herrera”, gestado en el municipio vecino de Pantelhó, quien ha cobrado relevancia dentro de Chenalhó. Y es que, durante los últimos días, entre 80 y 90 lugareños de la comunidad Tzanembolom lanzaron un llamado de auxilio desde el interior de una escuela donde se mantenía refigurados ante el embate de sicarios que los habían obligado a atrincherarse dentro de la institución educativa.

El clamor, que exigía la atención de gobierno federal, ha encendido rápido las alertas. Y no sólo por los niveles de violencia reportados por las víctimas, sino por la magnitud de un nuevo grupo criminal, perfectamente identificado, que indudablemente ha cruzados fronteras municipales para extender su zona de injerencia, sumándose a las violencias latentes de los municipios vecinos.

Por eso lo que sucede en la zona genera preocupación e indignación mayor. Sobre todo, por que se trata de grupos criminales que se han gestado y fortalecido ante la vista de las autoridades, sin que nada efectivo se haya hecho para desarticularlos. Y es que, el asunto parece estarse dejando a merced de las disputas internas para evitar que las instituciones se manchan las manos, incluso, a costa de las víctimas inocentes de siempre… así las cosas.