En la Mira

Héctor Estrada

Después de una semana de postergar los resultados de la elección a alcalde en Tuxtla Gutiérrez, la madrugada de este lunes se consumó uno de los mayores temores que parecían haberse anunciado con anticipación en el proceso electoral: la entrega de la constancia de mayoría a un candidato oficial envuelto en uno de los mayores escándalos de ilegalidad de los que se tenga memoria en la capital chiapaneca.

Decían sabios ancianos tuxtlecos que “sólo los ladrones esperan que la familia duerma para robar la casa”, y así fue. Haciendo uso de métodos dignos de la delincuencia organizada los Consejeros Municipales del IEPC realizaron de manera exprés la entrega de la Constancia de Mayoría al candidato de la alianza PRI-PVEM, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, alrededor de las 3:30 horas de la madrugada.

Y es que no se trata de satanizar a la figura de Castellano Cal y Mayor, simplemente las formas utilizadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fueron las peores a las que se podrían recurrir, llenas de violaciones a la ley y procedimientos anómalos que desencadenaron las sospechas mejor fundamentadas.

La evidencias expuestas en medios alternativos sobre el presunto triunfo del candidato del Partido Acción Nacional, las denuncias sobre duplicidad de actas, conteo de votos nulos en favor del candidato verde y la entrega de un acta de mayoría “en lo oscurito”, sólo terminaron por dar la razón a los miles que ya aseguraban uno de los más escandalosos fraudes electorales en la historia de Tuxtla Gutiérrez.

La forma irregular de llevar a cabo una elección por parte de las autoridades desencadenó una efervescencia social que ha llevado el asunto más allá de una simple disputa entre partidos políticos o candidatos. La situación ha traspasado la frontera de lo partidista a lo ciudadano, con un nutrido sector que ahora se siente agraviado por lo que han calificado ya como un “gobierno autoritario e impositivo” al que no le importa lo que diga su pueblo.

Esa es la sensación que se palpa y se respiraba con mayor fuerza la mañana de este lunes en las calles, oficinas, espacios públicos y redes sociales que se han convertido ya en el medio predilecto para que los tuxtlecos puedan estar informados sobre la situación. Se trata de una ciudadanía molesta, indignada y enfurecida a la que le han dado un argumento en común, un sentimiento de convergencia que los mueve y ahora los ha convertido en una turba incómoda para los dueños del poder.

Los errores consecutivos cometidos por el IEPC, el Partido Verde Ecologista de México y las autoridades gubernamentales que participaron en el dispendio electoral sólo hicieron crecer al adversario. Hicieron realidad su peor pesadilla: un pueblo mayoritariamente volcado en su contra a quien no parece quedar duda de un descarado fraude electoral cometido contra la propia ciudadanía tuxtleca.

La candidatura de Francisco Rojas Toledo, y los partidos que ahora lo respaldan, ha quedado rebasada para convertirse en la bandera de una creciente indignación social que exige castigo a la ilegalidad electoral expresada a manos llenas en el proceso local y está dispuesta a impedir lo que ya catalogan como una imposición gubernamental.

Los graves errores cometidos en la elección de Tuxtla Gutiérrez por “los poderosos” tendrán sus costosas facturas en los siguientes procesos electorales, donde quienes hoy se disfrazan de aliados mañana serán los enemigos en el relevo gubernamental, porque quedarse con Tuxtla “a la mala” podría terminar arrebatándoles a Chiapas en 2018.

En la capital chiapaneca aún no hay nada definido. Quedan los tribunales estatales y federales para llevar a cabo un proceso de impugnación a otros niveles donde, sí las autoridades hacen valer la ley, la posibilidad de revocar el triunfo otorgado en Chiapas a Fernando Castellanos es altamente viable. Ahí el apoyo permanente de la ciudadanía será un factor importante en el proceso.