Familias sin poder salir o ingresar a la cabecera municipal, desabasto de insumos, suspensión de clases y servicios de salud amenazados, es la realidad en la que viven actualmente miles de pobladores de Altamirano, Chiapas, donde la disputa de dos violentos grupos políticos mantiene al municipio en un secuestro intermitente.

La situación cobró nuevamente relevancia el pasado sábado cuando un grupo de personas encapuchadas salieron a las calles de diversos barrios de la cabecera municipal para realizar la quema de vehículos y al menos una treintena de viviendas. Sin embargo, lo ocurrido durante los últimos días dentro de ese municipio no es más que otra consecuencia de la ingobernabilidad en la que vive desde hace dos años.

Desde octubre de 2021 la violencia en ese lugar se desató. El cacicazgo que la familia Pinto-Kanter había mantenido sobre el gobierno municipal de Altamirano terminó por estallar ese día, luego de que, pese a las constantes denuncias sobre abusos, corrupción, compra de votos y extorsiones, el anterior presidente municipal, Roberto Pinto Kanter, logró imponer en las elecciones a su propia esposa para que lo relevara el ayuntamiento.

Habían pasado ya casi 20 años desde que el primer presidente de los Kanter se apoderó del gobierno municipal, turnándose el poder entre los propios integrantes de la familia. No obstante, fue con la llegada del Partido Verde Ecologista a Chiapas, en 2012, cuando los excesos de poder se salieron de toda proporción.

Durante ese periodo, en algunas zonas se comenzó a organizar un grupo opositor que buscaba sacar a los Kanter y al Partido Verde del ayuntamiento. Algunos de los líderes opositores lo intentaron desde la política, contendiendo por la presidencia municipal, pero la fuerza económica y el poder político de la familia gobernante terminó quedándose nuevamente con el gobierno municipal… Así que se platearon nuevas rutas.

De esta forma, fue el 1 de octubre de 2021 cuando pobladores, encabezados por Gabriel Montoya Oseguera, ex candidato a la presidencia municipal por el Partido Chiapas Unido, decidieron tomar las instalaciones del ayuntamiento, iniciar el bloqueo de carreteras y consumar el secuestro del presidente saliente, a fin impedir la toma de protesta de su esposa (Gabriela Roque). Al mismo tiempo que un grupo de autodefensas contra el mismo cacicazgo anunció su integración.

La presión ejercida por los sublevados, y la evidente incomodidad que “Los Kanter” ya provocaban entre las nuevas autoridades estatales, terminaron presionando la renuncia de Gabriela, mediante la solicitud de una licencia indefinida; por lo que el Congreso de Chiapas procedió a la designación de un nuevo Concejo Municipal, en el que el opositor Gabriel Montoya Oseguera quedó incluido como síndico concejero.

Desde entonces, con una presidenta concejal que sólo servía de fachada para el gobierno real de Gabriel Montoya, la resistencia de las viejas estructuras verdes no tardó en accionarse. Grupos opositores iniciaron la confrontación permanente con las nuevas autoridades municipales, realizando toma de carreteras, actos vandálicos y hasta el secuestro exprés del propio síndico concejal, que desencadenó un nudo de mayor confrontación… y la reacción del nuevo Concejo tampoco fue la mejor.

Fuera de toda ruta de legalidad y sin intenciones de pacificación, el gobierno de Gabriel Montoya emprendió un proceso de venganza y desarticulación a sus opositores, que al final de cuentas terminó convirtiéndolo en lo mismo que tanto denunció; alejándolo de esa simpatía ciudadana que se mantiene en la neutralidad del conflicto. Al final del camino, la situación en Altamirano quedó reducida a una disputa de dos grupos políticos que ya nada tiene que ver con devolver la democracia al municipio.

Hoy, el debilitamiento del Concejo Municipal y el avance de los grupos opositores han provocado que las actuales autoridades tengan que operar desde San Cristóbal de las Casas, mientras la cabecera municipal y sus principales caminos se mantienen prácticamente secuestrados por los contrarios. Se han utilizado todas las medidas de presión para sentar a las autoridades estatales a negociar, dejando a las escuelas sin clases, los centros de salud bajo amenaza operativa y a miles incomunicados con el resto de la entidad.

Por eso la situación en Altamirano es más compleja de lo que parece. Y es que, son finalmente las familias ajenas a la disputa quienes actualmente están pagando las peores consecuencias de una guerra de poder entre dos frentes, donde el Estado de Derecho permanece ausente, nadie se hace responsable de la gobernabilidad y la paz es un asunto que sólo podrá llegar cuando la aplicación de la ley se imponga a las ambiciones políticas en todos los niveles… así las cosas.