La complicidad y opacidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas terminó por reventar este lunes luego de que transportistas ilegales y personas adheridas a la CIOAC secuestraran por varias horas, mediante disparos, actos vandálicos y agresiones físicas, a la cabecera municipal de Copainalá a fin de imponer sus condiciones respecto al control del transporte público en la región.

Lo que sucede en esa zona de la entidad no es nada nuevo. Se trata de un problema que lleva varios años en el tintero, pero que la dependencia que ahora dirige Aquiles Espinosa García ha dejado crecer e incentivado durante los últimos años. El asunto tiene en el nudo del conflicto no sólo a Copainalá, sino a los demás municipios de la región como Tecpatán, Ocotepec, Coapilla y Francisco León.

Y es que desde hace varios años redes de transportistas ilegales, protegidos por organizaciones violentas, comenzaron a propagarse por la región sin que las autoridades del transporte hicieran algo para frenar su avance. Sin embargo, el punto de quiebre llegó hace menos de cuatro años cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte decidió, pese a la oposición de los concesionarios, otorgar permisos de Número Provisional (NP) a unidades sin todas las regulaciones.

A decir de la unión de cooperativas transportistas de la región Mezcalapa, a las autoridades del transporte en Chiapas no importó que hubiera ya una sobreoferta de servicio para la demanda real de transporte en la zona. Por el contrario, en lugar de aplicar una regulación de limpieza al pirataje, decidió otorgar nuevos “permisos especiales”, bajo criterios sospechosos y modalidades que ni siquiera están contempladas dentro de la Ley de Transporte.

Frente a semejante escenario las manifestaciones de los concesionarios se volvieron cada vez más recurrentes y drásticas. El 18 de agosto de 2021 se realizó una de las más grandes protestas con una serie de bloqueos carreteros cuyo fin era exigir la atención a sus demandas. Se les prometió que habría operativos para disolver los bloqueos, pero la problemática siguió creciendo. Al final los concesionarios terminaron quedando solos frente una fortalecida red de transporte pirata que creció bajo la omisión y complicidad de las autoridades.

Por eso desde el pasado 24 de julio los transportistas legales anunciaron sus propios operativos para identificar y detener a las unidades pirata, a fin de luego entregar las unidades a las mismas autoridades que, paradójicamente, se habían mantenido sin ejercer ninguna acción legal contra un problema que ya se dimensiona en más 300 unidades ilegales operado dentro de esa pequeña zona de la entidad.

El operativo de los concesionarios contra las unidades pirata se mantuvo así durante alrededor de dos semanas hasta este lunes cuando la violencia se desató. Acuerpados por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (COIAC), movilizados desde municipios como Ixtacomitán, Ocotepec, Pichucalco, Juárez, Tapalapa y Pantepec, el grupo de transportistas ilegales irrumpió en la cabecera municipal de Copainalá para exigir respeto a su presencia y operación en la zona.

El saldo final de este lunes fue una patrulla quemada, un policía golpeado, cinco unidades del transporte público secuestradas, varios casos de agresiones contra transportistas regulares, un largo bloqueo carretero sobre la zona, numerosas detonaciones de arma de fuego y varias horas de incertidumbre entre la población, debido al amague de grupos violentos que por horas se impusieron a la acción de la fuerza pública.

Al final de cuentas, lo ocurrido este lunes en Copainalá no tiene otra responsable más que la Secretaría de Movilidad y Transporte cuyas omisiones o complicidades han convertido a varias regiones de la entidad en polvorines de alta tensión entre piratas y legales debido a políticas de permisividad especial que generan las más legitimas inconformidades y sospechas… así las cosas.