No importaron los antecedentes sobre el caso, ni las evidencias que vinculaban su asesinato al crimen organizado y mucho menos el clamor de justicia plena, al final de cuentas de juez terminó dictando una de las sentencias mínimas para el homicida de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas, quien el 5 de julio de 2021 fue asesinado luego de intentar ayudar a habitantes de la región amedrantados por grupos criminales.

Al integrante de la organización “Las Abejas” lo asesinaron a plena luz del día en Simojovel cuando caminaba junto a su hijo. Fue una ejecución directa, sólo dos semanas después de que denunciara al Estado Mexicano el ambiente de terror, las desapariciones forzadas y los asesinatos orquestados por grupos del crimen organizado, vinculados a los gobiernos municipales, en contra de miles de habitantes de la zona.

El documento, fechado a 26 de junio de 2021, que quedó como evidencia documental, enumeraba el asesinato de al menos 11 personas, además de la complicidad de las autoridades municipales de Pantelhó para encubrir al grupo criminal conocido como “Los Herrera”. Simón había respondido así a una solicitud de auxilio por parte de habitantes de las comunidades afectadas, quienes vieron en el defensor un posible interlocutor para ser escuchados por las autoridades.

Sin embrago, el involucramiento de Simón Pedro terminó por costarle la vida. Desde entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos y los mismos pobladores iniciaron una nueva lucha social para exigir justicia… De esta manera, el 14 de julio de ese mismo año fue detenido Hugo Rolando “N” como autor material del homicidio. Sin embrago, Hugo sólo era un eslabón. Detrás de él estaban quienes realmente le ordenaron asesinar a Simón y el verdadero móvil del crimen.

Así trascurrieron casi dos años, hasta que la semana pasada el juez de control dictó sentencia dentro de un caso plagado de sospechas y señalamientos por irregularidades. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ya había denunciado semanas previas que el juicio abreviado -iniciado por las autoridades contra el asesino material- significaría la impunidad para el o los autores intelectuales y podría complicar la impartición de justicia plena dentro del caso.

Se denunció además de que, sin explicar el motivo, en reiteradas ocasiones las autoridades se habían negado a trasladar al detenido -quien llevaba ya más de un año recluido en el penal El Amate- a las audiencias para que declarara sobre los hechos, y para que fuera interrogado por el abogado de la familia de Simón Pedro, entre otras anomalías de procedimiento.

Pero nada de eso importó. La sentencia emitida hace unos días consumó los temores de impunidad. El juez de control terminó por dictaminar una sentencia de sólo 25 años de prisión contra el homicida, cerrando así las líneas de investigación sólo al autor material. De manera conveniente para el o los autores intelectuales, la sentencia no tomó en cuenta la labor como defensor de Simón Pedro, ni los antecedentes de violencia y grupos ligados al crimen organizado que rodeaban el caso.

“La sentencia y la reparación fueron las más bajas y omitieron su labor como persona defensora de los derechos humanos, así como medidas de reparación del daño y no repetición adecuadas y culturalmente pertinentes (…) Además la sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de Víctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad”, lamentó el Frayba tras conocer la sentencia penal.

Y es que lo ocurrido a Simón Pedro no puede determinarse como un asesinato aislado, urge “que se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas mínimas de reparación integral como son: la atención médica y psicológica, medidas de satisfacción y el reconocimiento público de su actividad de defensa de los derechos humanos”. Finalmente, la justicia para Simón no va allegar hasta que se esclarezca a fondo su cobarde asesinato y se deje de encubrir a quienes ordenaron su muerte… así las cosas.