Apenas el pasado 14 de diciembre cientos de unidades del transporte público y taxis se manifestaron en varios puntos de la costa de Chiapas debido a las extorsiones que han sufrido durante el último año por parte de grupos criminales, y este miércoles 4 de enero una unidad de la ruta Cacahoatán – Tapachula fue quemada durante la madrugada por razones que apuntan a convertirse en las primeras represalias del año contra el mismo sector.

Fue a eso de las 2:30 de la mañana cuando elementos de emergencias recibieron la llamada para alertar de la unidad de transporte público en llamas. Estaba estacionada mientras los responsables del vehículo dormían cuando se desató el siniestro, por lo que para los dueños de la unidad no quedó dudas de que el fuego fue propagado de manera intencional.

Y es que, no es la primera vez que los transportistas de la región reciben este tipo de represalias o intimidaciones. Las más graves ocurrieron en febrero y julio de año pasado cuando dos choferes de transporte público fueron ejecutados mientras se encontraban trabajando en sus unidades. El primer caso ocurrió en la ruta entre Huixtla y Tapachula y el segundo en la capital chiapaneca.

Sin embargo, las amenazas son “pan de todos los días”. A decir de los transportistas organizados, el problema se ha vuelto insostenible. Aseguran haber quedado en medio de bandas ligadas a los Maras y grupos vinculados al tráfico de drogas y personas, quienes se han apoderado del control de la región con cobros de “derecho de piso” que, señalan, se deben pagar semanalmente para poder trabajar sin represalias.

Se trata pues de redes criminales que afecta principalmente al transporte público en la región, pero también ha cobrado víctimas dentro del sector de transporte de mercancías. Apenas el pasado 4 de noviembre un conductor de un tráiler fue localizado asesinado en los límites entre Tapachula y Suchiate. Había llegado al Soconusco para la trasportación de entre Chiapas y Veracruz, pero las bandas criminales lo emboscaron tras salir de una finca también en Cacahoatán.

“Somos un gremio que ha sido objetivo de bandas delictivas dedicadas a extorsiones y al cobro de piso desde hace más de un año, en la que ofrecen supuesta protección para que la integridad de concesionarios, la de sus familias, choferes y usuarios no corra riesgos, pero amenazan con graves represalias si alguien se niega”, denunciaron los transportistas durante uno de sus últimos pronunciamientos públicos en 2022.

Son agrupaciones delictivas que operan especialmente en el Soconusco, pero se han extendido ya hasta municipios como Arriaga, Motozintla (en la Sierra) e incluso Tuxtla Gutiérrez. Las manifestaciones de protesta han sido repetitivas desde la segunda mitad de años pasado. Pero ni siquiera los paros de actividades o bloqueos carreteros han sido presión suficiente para agilizar un alto contundente a la problemática.

Hasta el momento se tiene poco más de 400 reportes unidades extorsionadas con cobro de cuotas en la zona, sin embargo, se estima que el número es mucho mayor, pero el miedo mantiene a muchos en el silencio. Por eso la desesperación de los transportistas para quienes ya no sólo preocupa la seguridad de su trabajo y su sustento económico, sino también que las amenazas contra su vida y la de sus familias se hagan efectivas como ya se ha demostrado en otros casos… así las cosas.