Ni los chantajes públicos disfrazados de organizaciones sociales, ni la violencia intimidadora deben ser razón suficiente para doblegar esos escasos intentos de combate a los grupos delictivos que durante los últimos años han ganado terreno y se han apoderado San Cristóbal de las Casas. Y es que, se han acostumbrado justo a eso, a imponer sus condiciones a bases de la misma fórmula que les regala impunidad.

No cabe duda que la detención de Pablo Pérez Santiz (acusado de homicidio calificado), líder de “Los Vans”, mejor conocidos como “Los Motonetos”, cimbró profundo a muchos de los demonios que llevan años desatados en principal ciudad turística de la entidad. Los actos vandálicos sobre la unidad administrativa y el palacio de justicia, así como los bloqueos carreteros, son maniobras de intimidación que tienen ya bastante cansados a los coletos.

Y no es que Pablo Pérez sea el centro de toda la violencia que desborda a San Cristóbal, ni que su detención acabe con el crimen organizado; pero sí parece un buen comienzo para la desarticulación de las principales bandas criminales en ese municipio y sus respectivos lideres muy bien identificados ya por las autoridades. Al menos si la intención de fondo es realmente la pacificación de la ciudad y, sobre todo, de su conflictuada zona norte.

Los Motonetos no son un grupo delictivo que requiera de mayor presentación. Sus apariciones violentas a lo largo de los últimos años han cobrado relevancia nacional por lo escandaloso de sus crímenes. Como olvidar el caso de Paula, quien fue asesinada en febrero pasado cuando salía de su trabajo, frente a su hijo y en pleno centro de la ciudad. La imagen del hombre apuntándole, a bordo de la motocicleta, quedó grabada en el celular de la víctima al momento de que ella intentara denunciar el robo.

Sin embargo, Paula es solamente la víctima más reciente de la violencia que se ha apoderado de San Cristóbal de las Casas. En julio de 2018 el caso de Isaías Trujillo, un joven taxista asesinado de manera brutal por los denominados “Motonetos” en la Colonia Primero de Enero, acaparó las miradas de los medios nacionales por las circunstancias del asesinato. Isaías fue asesinado a pedradas y palazos por integrantes del dicho grupo delincuencial y pobladores afines, luego de que el trabajador del volante fuera asaltado por los “Motonetos” e intentara recuperar su dinero.

Otro de los casos que tuvo relevancia mediática fue el asalto ocurrido en enero de 2020 cuando turista extranjero fue despojado de sus pertenencias y baleado, durante el día, en pleno andador turístico y frente a numerosos testigos que observaron el atraco y la participación de delincuentes sobre motocicletas para luego darse a la fuga. O lo ocurrido con la niña Marisol, de sólo 7 años, asesinada por una bala perdida que atravesó el techo de su vivienda mientras dormía a unas cuantas calles del “desfile de balas” organizado por delincuentes sobre motocicletas.

Por eso hoy no resultan tan convincentes esos argumentos de persecuciones políticas o ataques contra pseudo organizaciones sociales, que sólo piden justicia cuando la tragedia no es ajena. Sí, es verdad que otros tantos personajes turbios, como el señalado Narciso Ruiz (y otros tantos), también deben ser sometidos ante la justicia, pero eso no resta en nada los delitos cometidos por sus propios líderes.

En San Cristóbal de las Casas no debe haber ni un paso atrás contra los grupos delictivos, aunque se disfracen de locatarios, motociclistas u organizaciones indígenas. La aplicación de la ley y la actuación irrestricta del ejercito para recuperar el orden ya no pueden ser negociables, por la paz y la tranquilizada de una ciudadanía aterrorizada y cansada de tanta violencia… así las cosas.