El pasado 26 de septiembre el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) manifestó de manera pública su preocupación por la reactivación de las actividades mineras para la extracción de barita en Chicomuselo. Sin embrago, el inminente reinicio de operaciones también reactivó los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de los ambientalistas quienes, además de alzar la voz por el daño ambiental, ahora también temen por su vida.

La lucha del MODEVITE no es nada nueva. El caso tomó notoriedad en 2009 cuando uno de sus integrantes, Mariano Abarca, quién con su liderazgo emprendió la resistencia al proyecto de extracción de la minera canadiense Blackfire en la zona, fue impunemente asesinado, presuntamente como represalia por su oposición a las operaciones de la trasnacional.

De acuerdo a declaraciones de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), durante los últimos meses se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en volver a iniciar la extracción de barita en Chicomuselo, en específico en las comunidades de: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.

“Ante esta grave situación, donde los intereses mineros y de diversos sectores, como el mismo crimen organizado, amenaza una región marcada por un alto índice de violencia, pese a la presencia del ejército en el municipio, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno ante cualquier acto que violente la integridad física y psicológica de las y los defensores del MODEVITE”, expuso la red mexicana mediante un llamado urgente.

Y no es para menos. De acuerdo con un estudio realizado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), en Chiapas hay siete distritos mineros activos en diversas regiones del estado, dedicados a la extracción principalmente de ámbar, lateritas, caliza, cuarzo, barita, cobre, plomo, zinc, zhanghengita, oro, hierro y titanio, entre otros. En los últimos 20 años se han incrementado en poco más de un 10 por ciento las actividades de explotación, registrando el mayor repunte en 2011.

La última investigación hecha por “Impunidad Cero” reveló que la industria minera en México es uno de los sectores con mayor opacidad, corrupción e impunidad, pues se distingue por el poco interés del gobierno y las empresas concesionarias para apoyar a las comunidades que habitan las regiones explotadas, evitando las consultas y llegando a acuerdos engañosos con las personas que habitan las zonas de influencia.

La investigación también señala la falta transparencia en los mecanismos para el otorgamiento de concesiones, la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y su cumplimiento. Además, las dependencias encargadas de supervisar su operación no ofrecen información sobre el impacto económico, social o ambiental de los megaproyectos.

Por eso el temor de las comunidades organizadas no es gratuito. Durante décadas han padecido el saqueo indiscriminado de sus tierras, con los daños colaterales inevitables, así como las amenazas, el desplazamiento forzado y los asesinatos. Hoy, aunque dicen confiar en la intervención del gobierno federal para evitar nuevas concesiones o la reactivación de permisos sin consulta previa, están dispuestos a mantenerse en alerta permanente y defender sus tierras por cuenta propia, cueste lo que cueste… así las cosas.