Ejecutados, enfrentamientos armados y ajustes de cuentas se han convertido en una escena recurrente para Chiapas con el paso de los últimos años. La violencia de los cárteles del narcotráfico, esa que mantiene bajo aterrador estado de excepción a municipios enteros y antes parecía un problema lejano del norte, finalmente ha alcanzado a los endebles estados del sur donde los viejos conflictos siguen pendientes.

El más reciente episodio ocurrido en Jiquipilas es muestra clara de la gravedad del asunto. La disputa por plazas o corredores del narco se ha intensificado. Ya no hay intención alguna de disimular su presencia. El crimen organizado se pelea a balazos los territorios, con desfile de carros cargados de hombres armados, a plena luz del día y en espacios bastante públicos.

Hace menos de un mes en ese mismo punto de la entidad se registró otro tiroteo. Una camioneta gris blindada con placas de Chiapas y una camioneta blanca de góndola sin placas, ambas con cristales polarizados, fueron blanco de las balas de un grupo armado que pasó junto a ellos mientras esperaban estacionados. El saldo oficial fue de una persona ejecutada, al menos una persona más herida y una ambulancia incendiada.

Sin embargo, los tiroteos no han sido exclusivos de Jiquipilas. Apenas en junio pasado se registró un enfrentamiento similar en la carretera Ocozocoautla – Cosoleacaque; otro el 16 de julio en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria; y uno más en San Cristóbal de las Casas el pasado 23 de septiembre, cuando policías municipales se enfrentaron a “personas armadas” frente a las propias oficinas de seguridad pública. En ninguno de ellos hubo clara postura oficial sobre lo ocurrido.

Y a lo anterior se suma la violencia de grupos armados, también ligados al crimen organizado, en los municipios indígenas de la entidad. De acuerdo al último informe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), los desplazamientos forzados por la violencia en Chiapas afectan actualmente a cinco municipios y han provocado la expulsión de seis mil 585 personas.

El caso de la entidad chiapaneca ha llamado la atención de la CMDPDH pues es una entidad que hasta hace menos de cinco años tenía centrado el origen de la problemática (de desplazamientos forzados) en asuntos políticos indígenas y no en disputas del crimen organizado como sucede ahora. No obstante, los índices de violencia armada no son los únicos que han registrado un repunte con el avance del crimen organizado.

De acuerdo al último informe presentado por el Observatorio Ciudadano Chiapas, las carpetas de investigación por narcomenudeo en el estado se han duplicado en los últimos seis años, pasando de 724 en 2015 a mil 487 en 2021. Tan sólo durante los primeros cinco meses de 2022 la cifra ya registraba un número de mil 533 expedientes, lo que representa -en menos de medio año- un acumulado mayor al registrado durante todo el 2022, según datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por mencionar los más recientes.

Las ejecuciones también se han convertido en constantes de la “nota roja” local. El episodio reciente más escandaloso se documentó apenas el pasado 2 de octubre con la presunta ejecución grabada de un ex militar, supuestamente también miembro de sicarios. En el video circulado en redes sociales, hombres encapuchados interrogan y asesinan a un supuesto líder de grupos criminales opositores a modo de amenaza.

Son episodios que se han vuelto cada vez mas recurrentes en el sureste del país donde la violencia del narco parecía lejana hasta hace menos de una década; desatando un nuevo terror colectivo en la región. Y es que, los pactos rotos, la llegada de nuevos carteles y las estrategias de Estado han movido inevitablemente tablero nacional, de tal manera que los problemas de seguridad del norte de la republica han terminado por desplazarse también a la ya de por si conflictuada frontera sur de México... así las cosas.