Un nuevo escándalo ha salido a la luz por presuntas operaciones fraudulentas entre funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) en Chiapas, notarios, constructoras y desarrolladoras inmobiliarias de la entidad, con actividad en Tuxtla Gutiérrez, cuyo desfalco a sus víctimas podría alcanzar los 500 millones de pesos en propiedades.
De acuerdo a las familias defraudadas, cuyos casos ya son investigados penalmente, el modo de operación consistía en la expedición de Certificados de Libertad o Gravamen falsos y diversos documentos oficiales que eran utilizados por las empresas inmobiliarias a fin de simular la compraventa de propiedades, despojando a los legítimos dueños.
En las operaciones participaban notarios públicos que daban fe a los anómalos procedimientos. Las denuncias públicas vinculan actualmente a empresas como GCI Constructora, Urban Group, Grupo Constructor Líneas del Sur, Grupo Inmobiliario Tu Casa en el Sureste y Colinvi en posibles casos de corrupción con la delegación del RPPC.
De acuerdo a las víctimas, fue desde a principios de 2017 cuando las empresas señaladas, propiedad de Gustavo Flores, Erick Romero y Viviana Zuarth, comenzaron sus operaciones en la capital chiapaneca. Sin embargo, aseguran que los fraudes fueron consumados recientemente, bajo la complicidad de la delegación del Registro Público.
De manera precisa, los denunciantes señalaron de manera directa a Leonardo Daniel López Gálvez, delegado del RPPC en Tuxtla Gutiérrez, por haber sido cómplice y facilitador de los anómalos procedimientos, afectando numerosas personas y familias en la región metropolitana de la capital chiapaneca.
Entre los fraudes más escandalosos del asunto destaca el de la empresa Click Seguridad Jurídica, Prestaciones de Servicios Fiduciarios y Financieros, dirigida por Cynthia Martínez Marín, quien, pese a su experiencia en el ramo, también fue víctima de dicha de red en fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez como Santa Fe, Jardines de Mactumactzá y Jardines de las Flores, por lo que hoy se mantiene una investigación.
Ante esta situación, los defraudados han hecho un llamado de alerta a posibles víctimas futuras debido a que los imputados siguen operando en otros desarrollos inmobiliarios de la capital chiapaneca, como el fraccionamiento La Vista y algunos que se desarrollan en las inmediaciones del fraccionamiento Bonanza, donde se ha detectado que las mismas personas se han hecho pasar por intermediarios de los propietarios.
Y es que, aunque desde el pasado mes de junio uno de los señalados, Erick Romero, fue vinculado a proceso gracias a la intervención del mismo gobierno de Chiapas, las víctimas temen que las argucias legales, mediante el uso de un amparo por presunta enfermedad, pueda dejar pronto a Romero en libertad, mientras el resto de la red sigue operando impunemente.
Según los afectados, el asunto no sólo se trata de justicia o de acción penal en torno al caso, sino también de la emisión de una alerta oportuna al resto de la población chiapaneca para evitar que sean las próximas víctimas. Por eso las victimas confían hoy en la acción de la Fiscalía y el Poder Judicial para castigar a todos los responsables y evitar que casos como los suyos se vuelvan a repetir… así las cosas.
