Mas allá de los reflectores acaparados por las caravanas migrantes y el hacinamiento en ciudades como Tapachula, el tráfico de personas por otros puntos de la frontera chiapaneca sigue elevando sus niveles de violencia y peligrosidad. Y es que, ante el nuevo “nudo migratorio”, las bandas del crimen organizado también han visto en este fenómeno un nuevo y jugoso negocio que crece rápidamente, plagado de riesgos.
Apenas este martes, un enfrentamiento en el municipio de Chicomuselo, entre militares y presuntos traficantes de personas armados, dejó como saldo dos traficantes muertos, ocho soldados heridos y 17 migrantes asegurados. Sin embargo, no es la primera vez que sucede un caso similar en esa zona de la entidad. Los reportes sobre la recuperación de personas indocumentadas en manos de “polleros” fuertemente armados, enfrentamientos y desaparición de personas se han vuelto una constante.
La región Sierra Mariscal de Chiapas se ha convertido durante los últimos años en “tierra sin ley”, donde el crimen organizado se ha apoderado del control de todo tipo de trasiego. Pero el aumento de tráfico de personas en la frontera sur de México también ha significado un preocupante incremento dentro de las cifras NO oficiales sobre la desaparición de migrantes.
En los últimos cuatro años, los reportes de migrantes desaparecidos se cuadruplicaron, al pasar de 83 en 2017 a 349 en 2021, de acuerdo con los datos de atención del Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD) del Servicio Jesuita a Migrantes en México (SJM). De los mil 280 casos de personas desaparecidas en situación de migración que el SJM atendió entre 2007 y 2021, el 53 por ciento ocurrieron durante los últimos tres años.
En su Informe, el SJM documenta, además, que el mayor número de desapariciones tuvo lugar en el sur del país, particularmente en Chiapas con el 18 por ciento de los casos, seguido de los estados de Tamaulipas (16%), Sonora (12%) y Nuevo León (10%). “En los casos en donde el PBPMD no pudo localizar a la persona desaparecida se presume que la desaparición pudo estar vinculada con la acción de grupos del crimen organizado o el cruce de las personas por zonas”, se lee en el Informe.
Lo complejo del asunto es que ni las instituciones gubernamentales de Estados Unidos ni las de México cuentan con registros completos fiables sobre las desapariciones de personas migrantes en su territorio. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reportó recientemente que existen al menos 2 mil personas en situación de migración desaparecidas en México; no obstante, organizaciones como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU han estimado que podría haber cientos más no reportados a autoridades.
Es un fenómeno que crece de manera silenciosa, ligado a zonas donde la presencia del crimen organizado mantiene el control. No se trata pues de redes de traficantes de personas convencionales, sino de brazos articulados y perfectamente armados, de mayor calibre. Por eso el aparatoso saldo de dejado este 10 de mayo en Chicomuselo como resultado del “aseguramiento de 17 migrantes guatemaltecos”.
Para nadie es ya un secreto que la región Sierra Mariscal, sobre todo en municipios como Frontera Comalapa, se ha convertido en zona de alto riesgo, donde la Guardia Nacional todavía batalla para recuperar el control. Hoy, lamentablemente, el asunto no sólo es un tema que mantiene en incertidumbre a quienes migran por esas zonas, sino también a miles de familias para quienes la violencia y el miedo se ha vuelto pan de todos los días… así las cosas.