La falta de conocimiento sobre los procedimientos de compraventa, aunado a la evidente omisión y complicidad de las autoridades para permitir la comercialización, sigue permitiendo en Chiapas la venta de fraccionamientos habitacionales fraudulentos, que al final de cuentas terminan (sin servicios públicos) convirtiéndose en fuertes dolores de cabeza para decenas de familias en la entidad.
Este martes el bloqueo sobre la carretera Tuxtla – Aeropuerto, a manos de habitantes del Fraccionamiento Villa Real, revivió el controversial tema. Y es que, decenas de familias desesperadas por la falta de solución decidieron manifestarse para denunciar el fraude cometido por la desarrolladora Casas Sauces; la misma que en 2017 fue denunciada por habitantes del Fraccionamiento Orquídeas ante circunstancias similares.
El problema que tiene hoy al Fraccionamiento Villa Real en la protesta es ya bastante común. Al igual que el Fraccionamiento Orquídeas, Villa Real fue vendido y entregado a sus respectivos propietarios bajo el tramposo argumento de que se encontraba con las “obras de urbanización” concluidas al cien por ciento; sin embargo, el complejo contaba con serios vicios ocultos que han terminado por estallar.
Lo que Casas Sauces no dejó en claro a los compradores es que la red del suministro de agua potable no estaba garantizada a corto o mediano plazo, por lo que las familias debían buscar a otros medios de abasto, como la compra constante de pipas de agua, para acceder al suministro necesario a fin satisfacer la necesidad del fraccionamiento, pues solicitar a los derechos de servicios públicos sería complicado.
Se trata de un problema que no deberían estar padeciendo al tratarse de un fraccionamiento desarrollado bajo los lineamientos establecidos por la “Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas”; una normativa que debería garantizar a la población viviendas de calidad con todos los servicios básicos de fondo y el aval del municipio en caso de cualquier deficiencia… Pero lamentablemente las cosas no suceden así.
Y los ejemplos en Chiapas han desfilado uno tras otro con el paso del tiempo. Los más recientes y escandalosos son los de Real del Bosque y Bonanza en Tuxtla Gutiérrez y Casas Geo en Chiapa de Corzo, donde los desarrolladores vendieron y entregaron viviendas sin haber sido concluidas las obras de urbanización y el proceso de municipalización. Entregaron pues fraccionamientos sin redes de agua potable, drenaje y alcantarillado terminadas, sin su respectiva conexión final a las redes municipales. Todo ante mirada omisa de las administraciones en turno.
Es a todas luces de un fraude flagrante. Y es que, la “Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas” establece claramente que para tramitar u obtener la autorización de comercialización, el desarrollador deberá contar ya con: “el aviso de terminación de las obras de urbanización, concluida al 100% de acuerdo a la licencia de urbanización expedida; la constancia de funcionalidad de la red de alumbrado público, expedido por la autoridad correspondiente”.
De igual forma: “el acta de entrega recepción de la red de agua potable y alcantarillado, suscrito por el desarrollador y el órgano o entidad municipal operador del sistema de agua potable y alcantarillado, concluida al 100% de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado; y el acta de entrega recepción de la red de energía eléctrica, suscrito por el desarrollador y la Comisión Federal de Electricidad, concluida al 100% de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado”.
El vacío legal o vicio oculto en este sentido tiene que ver justamente con el proceso de municipalización. Aquí es donde la autoridad local ha sido omisa, dejando la responsabilidad absoluta a los compradores de vivienda. Pues como la ley en la materia no lo establece de manera clara, finalmente la municipalización o entrega del fraccionamiento al municipio no es obligatoria antes de la comercialización, abriendo un campo de oportunidad para que los desarrolladores entreguen fraccionamientos con servicios básicos inconclusos.
No existe acompañamiento ni información oficial para cuidar los intereses de los ciudadanos involucrados en la compra de viviendas. Tampoco se vigila de cerca el funcionamiento de las empresas desarrolladoras tramposas que, ante el desconocimiento absoluto del comprador, consuman contratos fraudulentos. La autoridad se ha vuelto cómplice de prácticas anómalas que terminan dejando en aparente indefensión a los beneficiarios de un crédito hipotecario. Al final de cuentas la empresa entrega las llaves de la vivienda hasta recibir el pago completo por la misma, provenga de donde provenga (Infonavit, ISSSTE o Institución Bancaria).
Es el comprador quien siempre termina perdiendo ante una cadena de trampas y omisiones solapadas por las autoridades encargadas de garantizar que la vivienda cumpla con todos los mínimos estándares requeridos. Se trata de un negocio redondo lleno de corrupción que no puede seguir sucediendo. Es urgente la necesidad de abordar el tema y legislar al respecto para poner los candados necesarios es un asunto que no puede seguir sucediendo… así las cosas.
