En medio de una lucha que perece no tener eco a nivel local, la defensa de los humedales de San Cristóbal de las Casas obtuvo hace unos días una importante resolución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, mediante la recomendación 18/2022, reconoció la violación a diversos derechos humanos y urgió a las autoridades involucradas resolver el problema ambiental que avanza sin control en la zona.

Fue en 2017 cuando diversos colectivos, personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas iniciaron una ruta de defensa no jurisdiccional ante la CNDH; sin embargo, la queja fue archivada durante tres años. En 2020 los promoventes solicitaron la reapertura de la queja que finalmente siguió su proceso, hasta el pasado 1 de febrero cuando fue emitido el ansiado pronunciamiento oficial del organismo.

La recomendación reconoció violaciones a los derechos de un medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, así como a la vivienda adecuada. Además, dio a conocer se realizará el deslinde de responsabilidades de servidores públicos y dependencias oficiales por irregularidades administrativas que derivaron en presuntos delitos.

Se trata de los humedales Montaña La Kisst y María Eugenia que han sido objeto de invasión, relleno y ocupación durante las últimas décadas. La sentencia tiene implicaciones directas en instancias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía Ambiental de Chiapas y ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.

El documento emitido por la CNDH enuncia acciones a seguir como: “la urgente necesidad de que las instituciones en coordinación gestionen y tomen todas las medidas pertinentes para contar con planes, programas y estrategias en la verificación de obras y actividades ubicadas en los humedales” a fin de vigilar el cumplimiento de las leyes sobre evaluación de impacto ambiental.

Además de la aplicación de “medidas correctivas, de seguridad y urgente aplicación necesarias para salvaguardar los ecosistemas”. Así como la “protección de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo correspondiente a los humedales con enfoque de cuenca; la verificación de la legalidad de la explotación, el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales en los humedales y las descargas de aguas residuales; solicitando un verificación a las obligaciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales para adoptar medidas correctivas de seguridad y urgente aplicación.

La resolución también exige a las autoridades la publicación de “un informe sobre el estado que guardan las carpetas e investigaciones radicadas en la fiscalía, relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas”.

Y es que, la devastación avanza rápidamente con el paso de los meses. Actualmente se tienen contabilizadas 35 edificaciones y poco más de 23 descargas de aguas negras dentro de la reserva natural. El sitio se ha convertido además en guarida de narcomenudistas y agrupaciones armadas dedicadas a lucrar con las tierras y el agua de los manantiales.

En torno al caso existen actualmente al menos 60 denuncias formales ante dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, que hasta el momento han sido omisas.

Hoy los efectos nocivos han causado la pérdida del 20 por ciento de los humedales, y la devastación avanza con rapidez. Si las cosas no se modifican, de acuerdo a especialistas, los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia podrían perderse en alrededor de una década, llevando a San Cristóbal de las Casas hacia la primera gran crisis por agua en Chiapas, con una afectación directa a más de 180 mil personas que hoy ignoran o desestiman el riesgo ambiental en que viven… así las cosas.