El pasado 28 de enero se cumplió un año desde que la joven estudiante de medicina Mariana Sánchez Dávalos fue localizada muerta en la comunidad Nueva Palestina, de Ocosingo, Chiapas, donde realizaba su servicio social, y hoy muy poco se sabe sobre un caso que parece haberse cerrado entre la mayor de las discrecionalidades, complicidades y sospechas.

El caso de Mariana cimbró en 2021 las entrañas del sistema de formación médica en Chiapas. Expuso la serie de abusos y omisiones a los que las y los estudiantes de medicina en la entidad son sometidos todos los años; pero también las sospechosas deficiencias dentro del aparato de procuración de justicia en Chiapas que, pese a tantos años de capacitaciones en la materia, sigue facilitando la impunidad para numerosos feminicidios en Chiapas.

Sin embargo, Mariana tampoco obtuvo justicia plena. La muerte de doña Lourdes Dávalos, en agosto del año pasado, quien encabezaba la lucha jurídica por la muerte de hija y también mantenía una dura batalla contra el cáncer de huesos, terminó por sumergir al caso en un silencio bastante conveniente para el agresor y las propias autoridades judiciales que ya no sabían cómo sacudirse el escándalo.

El agresor de Mariana, Fernando “N”, se entregó el 18 de febrero de 2021 por voluntad propia. Su tranquilidad dentro del proceso, parecía evidenciar la certeza de que no habría complicaciones de gravedad. Finalmente, las omisiones cometidas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, dentro el protocolo de actuación para la atención a posibles casos de feminicidio, tras el hallazgo de Mariana ya habían dejado libre la ruta de impunidad.

El error cometido por las autoridades ministeriales para autorizar la cremación del cuerpo en menos de 48 horas borró buena parte de las pruebas para demostrar -después- posibles rastros de violencia sexual en el cuerpo de Mariana, y así elevar los delitos contra Fernando o cualquier otro implicado que hubiese sido involucrado mediante las pruebas forenses.

Las autoridades sabían perfectamente que al incinerar el cuerpo también eliminaban las pruebas esenciales para determinar posibles delitos de violencia sexual cometidos contra la joven de 25 años; sabían muy bien que estaban contradiciendo lo establecido por los protocolos de actuación en torno a la muerte violenta de mujeres; y que todas las líneas de investigación no se habían agotado. Pero decidieron permitir la cremación.

El Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en México es muy claro al establecer que: “la o el ministerio público tendrá a su disposición el cuerpo o los restos de la víctima de feminicidio, esté o no identificada, de tal manera que no puede autorizar su inhumación o incineración bajo ninguna circunstancia; sin que se hayan agotado exhaustivamente la examinación y peritajes que permitan identificar a la víctima, al probable responsable o al esclarecimiento de los hechos”.

La decisión de las autoridades ministeriales sólo pudo responder a dos lógicas posibles: sospechosas complicidades con el crimen u omisiones por incompetencia. Y en ambos casos se configuran graves responsabilidades. La FGE estaba obligada a informar públicamente de manera detallada quiénes fueron los funcionarios involucrados en la anómala cremación y el desacato al protocolo de actuación, e iniciar sin pretextos una investigación sobre el caso, pero eso jamás sucedió.

Por eso Fernando “N” fue finalmente procesado por Acoso Sexual Agravado, que al menos en Chiapas no se considera un delito grave. No había pruebas disponibles para confirmar otros delitos como violación o homicidio. Por eso la tranquilidad de Fernando en su entrega voluntaria. Y con la muerte de doña Lourdes Dávalos la posibilidad de lucha jurídica para reclasificar el delito también se apagó. Así, finalmente Fernando “N” fue liberado meses después, según palabras de Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM).

“Fue la Universidad Autónoma de Chiapas, la Fiscalía y la Secretaría de Salud, quienes sepultaron y agravaron el feminicidio de Mariana, echándole de la culpa y toda la responsabilidad. Intimidando y presionando a la madre de ella. La obligaron a asumir que ella fue la que se quitó la vida sin una investigación científica, comprometida y con perspectiva de género. Violaron los protocolos”, señaló Figueroa Mier en el primer aniversario luctuoso de Mariana.

Y es que, en menos de 10 días la UNACH ya había dado como cierto el informe y los dichos de la Fiscalía. No hubo defensa jurídica del caso desde la institución, ni acompañamiento legal a la familia. Para calmar las protestas, la Universidad firmó una serie de compromisos que hasta la fecha no ha cumplido a cabalidad, mientras la FGE terminó por lavarse las manos, sin mayores consecuencias para los funcionarios involucrados, tras la serie de omisiones que permitieron dar impunidad al caso.

La conclusión de las autoridades fue burda y simple, alegando en el fondo, que: ella misma se mató “porque no toleró las condiciones de aislamiento, los malos tratos, pasar hambre, el acoso sexual y el acoso laboral que tenía en la comunidad, que recibía por parte de su compañero de trabajo, y que además recibía de parte de las autoridades locales, de las autoridades de salud y de la propia universidad que debía protegerla”.

Mariana es ejemplo claro de como las omisiones, la indiferencia y la complicidad del sistema terminan criminalizando a las víctimas, arrebatándoles la dignidad y faltándoles al respeto, recurriendo al suicidó para cerrar el caso. Hoy urge reclasificar el supuesto suicidio de Mariana como feminicidio y entender también como víctima a la madre de Mariana. Porque más allá del perdón público o una placa conmemorativa, el sistema necesita honrar la memoria de Mariana Sánchez garantizándole justicia verdadera… así las cosas.