Ha pasado un año y dos meses desde que el Conejobus salió de circulación y hasta el momento no se tiene en puerta un remplazo definitivo para cubrir a las dos más importantes rutas de transporte público en la capital chiapaneca. El servicio sigue a manos de unidades improvisadas, sin las mayores condiciones de calidad, que, se supone, solamente durarían en circulación seis meses en lo que la nueva empresa y unidades entrarían en operación.

El asunto se ha complicado más de lo esperado para la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas. La batalla jurídica y presión pública ejercida por los viejos concesionarios de las rutas 1 y 2 han colocado al titular de la dependencia, Aquiles Espinosa, en un “callejón sin salida”, retrasando -por mucho- el proyecto encargado desde más de dos años a secretario.

Y es que, los concesionarios alegan hoy una deuda superior a los 75 millones de pesos, derivada del pago que cada socio del Conejobus recibía mensualmente por el sólo hecho de tener su concesión dentro del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla (Situsa), que fue la empresa conformada hace doce años por el gobierno estatal y los concesionarios para administrar dicho sistema de transporte público.

Con tal de concretar su último gran proyecto en Tuxtla y evitarse complicaciones con los transportistas, en 2010 Juan Sabines Guerrero creo una empresa con graves problemas de origen. Las negociaciones con el grupo de 139 concesionarios, que hasta 2010 tenían el control absoluto de las dos rutas con mayor demanda de la capital chiapaneca, dejaron importantes debilidades financieras como parte de los acuerdos políticos para consumar la llamada “modernización del transporte público”.

Desde ese entonces, el Gobierno de Chiapas comprometió el pago de alrededor de tres millones de pesos mensuales a los concesionarios por el sólo hecho de no oponerse a la salida de sus viejas unidades y permitir la entrada de los nuevos camiones. Así se conformó la nueva asociación de concesionarios cuya mayor “inversión” fue acordar con Sabines Guerrero facilitar la aplicación del proyecto.

Se trataba de concesiones que -en su momento- bien pudieron ser reubicadas en otras rutas o suspendidas por irregularidades evidentes en la calidad del servicio, el estado de las unidades u otras tantas deficiencias que los usuarios aún padecen en otras rutas de la capital chiapaneca, igual de deficientes. Pero se trató de un acuerdo político que iba más allá de la rentabilidad futura para la empresa. Fueron acuerdos de momento o gobernabilidad temporal que dejaron discordancias financieras insostenibles.  

En un asunto que se ha arrastrado hasta este 2022, casi año y medio después de la inevitable extensión del Conejobus, sin que nada se haya podido resolver. Los viejos concesionarios no sólo están exigiendo ahora el pago de la deuda de una empresa de la que también fueron socios, sino además el regreso de sus unidades a las rutas 1y 2... De la propuesta para ser reubicados en otras rentables rutas de la ciudad, a fin de dar paso al nuevo modelo, ya ni se habla.

Lo cierto es que hoy la capital estatal reclama un sistema de transporte público moderno y acorde a su realidad. El regreso de las combis a las dos principales vialidades de la ciudad es inviable. Los concesionarios han demostrado en reiteradas ocasiones que la calidad del servicio y la seguridad nunca han sido su prioridad. Y es que, el Conejobus es ejemplo más claro de que se necesita modelos saneados, lejos de la tutela o corrupción gubernamental y las mafias transportistas, donde además del negocio también se dé prioridad a los usuarios… así las cosas.