Tres años han transcurrido desde que el activista y defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca fue asesinado en Arriaga, Chiapas. Hoy, tres detenidos, imputados en el homicidio, siguen en prisión, pero todavía no existe sentencia condenatoria. De manera extraña, el caso se ha sumido en un letargo prolongado, sin avances significativos, que ha abierto las más legitimas dudas sobre el por qué de tanta demora y misterio institucional en torno este crimen.

En voz de Luis Arvey Pérez Cruz, activista e integrante de la organización que encabezada Sinar Corzo (Coloso de Piedra), el caso se mantiene “en la congeladora” del Poder Judicial de Chiapas desde que los imputados fueron aprehendidos. “Las investigaciones prácticamente se han detenido y el juicio no ha tenido ningún avance”, teniendo pendiente la ubicación y detención de otras personas sospechosas, involucradas también como autores intelectuales del caso.

Sinar fue ultimado a tiros en 3 de enero de 2019 por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, en un cobarde acto criminal para acallar su voz. Se había convertido en uno de los activistas más incomodos de la región, a través de su organización civil. Había denunciado irregularidades y presuntos casos de corrupción en torno al programa de reconstrucción de viviendas tras el terremoto de 2017, además de exigir a las autoridades servicios básicos de salud, alimentos y agua que se había negado a las familias vulnerables durante meses.

Previo a su asesinato Corzo Esquinca fue encarcelado un par de ocasiones de manera arbitraria por autoridades municipales debido a sus reclamos sociales, por lo que el 22 de junio de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces gobernador del estado, Manuel Velasco, y a los miembros del ayuntamiento de Arriaga por haber violentado las garantías del activista.

La recomendación instaba a Velasco a indemnizar económicamente a Sinar, junto a otro activista agredido, y a emitir una disculpa oficial del estado. Además, llamaba a las autoridades estatales a presentar la denuncia correspondiente ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas contra los funcionarios que los incomunicaron a fin de iniciar las sanciones debidas.

Sin embargo, nada hubo de las medidas solicitadas por la CNDH. El gobierno de Manuel Velasco Coello decidió ignorar por completo durante casi tres años las recomendaciones para reparar las afrentas cometidas contra el defensor de Derechos Humanos y garantizar su seguridad. Lo dejó en total indefensión hasta que fue asesinado a unos pasos de su casa, justo a un mes de que “gobierno verde” dejara la gubernatura de Chiapas.

Tras las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo como presuntos responsables del asesinato a Fernando "N", Julio César "N" y Apolinar "N", éste último suegro del alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, con quien Corzo Esquinca se reunió horas antes de ser asesinado, para tratar temas de índole social... El alcalde no tardó en renunciar, acusar una supuesta persecución política en su contra y huir de la justicia, sin que hasta la fecha haya sido obligado a presentarse y rendir su declaración al respecto.

Así, tres años se han complido de letargo e impunidad. Y es que, sin sentencia definitiva y un proceso judicial que se ha demorado tantos años, hoy no existe certidumbre plena sobre las causas concretas que llevaron al asesinato de Sinar Corzo. Mientras tanto la sed de justicia seguirá latente hasta esclarecer uno de los casos más alarmantes e indignantes de la inseguridad y la persecución en la que viven cientos de activistas sociales de Chiapas y México… así las cosas.