Menos de dos meses duró la ilegalidad heredada por la anterior legislatura estatal, que el pasado 30 de septiembre designó de manera unilateral Concejos Municipales de trienio completo, sin la necesidad de convocar a elecciones en seis municipios de Chiapas. Y es que, este lunes finalmente el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) revocó los decretos que permitieron las anómalas designaciones en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.
De la misma forma en que comenzó y se desarrolló durante los tres años de trabajos legislativos, la legislatura local anterior se mantuvo de fracaso en fracaso, incluso ya fuera de sus funciones. El último revés llegó justo 50 días después de haber sido relevada. La sentencia del Tribunal Electoral local confirmó lo que se advirtió desde que se consumaron los decretos: el Congreso de Chiapas había violado la ley para imponer gobiernos municipales, bajo figuras de Concejos extralimitados en temporalidad y funciones.
La arbitrariedad con la que actuaron las y los diputados de la pasada legislatura en el caso de los Concejos Municipales fue descarada. A escondidas y de último momento, las y los ex legisladores decidieron elegir, por razones por demás sospechosas, a las nuevas autoridades locales, sin convocatorias, mayores procesos de postulación y en la mayoría de los casos sin que los propios habitantes de los municipios involucrados se enteraran de lo sucedido.
No importaron las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que, en el caso de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, habían ordenado de manera directa al Congreso convocar a elecciones extraordinarias. Pero tampoco era necesario un ordenamiento de este tipo. La propia constitución vigente del estado de Chiapas establecía ya el procedimiento a seguir.
El Artículo 81, reformado por ellos mismos el 9 de octubre de 2019, determina en su quinto párrafo de manera textual que: “Si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado la elección del Ayuntamiento en la fecha prevista o fuera declarada nula la elección, el Congreso del Estado ordenará la realización de una elección extraordinaria conforme lo establezca la ley”. Sin embrago, la aplicación de este mandamiento constitucional tampoco fue requerido a la hora de tomar decisiones.
En pocas palabras, las y los legisladores salientes decidieron pasar por encima de la propia constitución local y desacatar la instrucción dada por los tribunales electorales, para finalmente elegir a sus propios gobiernos municipales, bajo criterios poco claros. La ilegal decisión constituyó además una violación a los derechos políticos de las y los habitantes de los municipios involucrados, en específico a los establecido en el Artículo 35 de la Constitución Mexicana que otorga a todos los mexicanos el derecho de elegir a sus propias autoridades.
Las consecuencias fueron inmediatas. En buena parte de los municipios involucrados la insurrección se desató. Hasta el momento algunos edificios de ayuntamiento permanecen tomados por pobladores y en otros casos surgieron autodefensas paralelas para sumarse a la oposición social. Por eso no es gratuita la decisión tomada este lunes por el Tribunal Electoral local, antes de que el asunto fuera ventilado en las instancias federales.
El TEECH fue bastante político a la hora de disfrazar con argumentos DE FORMA, las verdaderas arbitrariedades DE FONDO cometidas por la pasada legislatura. Que, si debía ser el pleno del Congreso y no la Comisión Permanente el que aprobara los decretos, fue una excusa simplista para salir fácilmente el embrollo y la herencia de violencia recrudecida dejada por las y los diputados anteriores. Se violó la constitución y los derechos políticos de los ciudadanos que esta garantiza; aunque ahora no se quiera decir con todas sus letras.
Qué vergüenza deberían tener quienes, para quedar bien con los autores intelectuales y materiales, aseguraron -sin chistar- que las decisiones habían sido tomadas en la “absoluta legalidad”. Decisiones como las tomadas el pasado 30 de septiembre deben servir de lección a la nueva legislatura para entender que lo que en el Congreso se decide sí tiene consecuencias en la vida pública y la gobernabilidad de la entidad, por lo que se requiere de análisis más inteligentes, aunque estos respondan a instrucciones “superiores” … así las cosas.
