Ya había amenazas e indicios de riesgo contra la Fiscalía Altos y de Justicia Indígena desde varios días, pero nada se hizo al respecto. Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena de Chiapas fue ejecutado a escasas cuadras del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y el Palacio de Justicia de la Zona Altos, mientras conducía solo -sin ninguna medida de seguridad especial-, por las calles de la ciudad.
Pérez Gómez se había convertido en interlocutor y una de las piezas fundamentales en torno al caso Pantelhó. Tenía un rol importante dentro de las investigaciones que se realizan contra el grupo criminal conocido como “Los Herrera” y sus presuntos cómplices dentro del gobierno municipal; además de otras investigaciones contra grupos del crimen organizado en la zona, incluso dentro del mismo San Cristóbal de las Casas.
El riesgo para el fiscal de Justicia Indígena era latente. Desde días antes al interior de la dependencia ya se advertían inminentes riesgos contra los involucrados en el caso. Pero se hizo caso omiso. A Gregorio Pérez, que viajaba solo, sin su chofer, lo asesinaron a eso de las 8:36 de la noche, cuando conducía sobre Prolongación Insurgentes del barrio de María Auxiliadora; así quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar del homicidio.
Lo asesinaron de la misma forma en que fue ultimado el activista indígena Simón Pedro Pérez López el pasado 5 de julio. El fiscal de Justicia Indígena fue ejecutado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes hicieron al menos seis disparos que impactaron en la ventana del conductor, para luego darse a la fuga y perderse entre los callejones de la ciudad.
El reporte, vía las líneas de emergencia 911, llegó hasta las 10:40 de la noche. Al parecer, durante casi dos horas, nadie se había percatado del homicidio hasta que fue encontrado ya sin signos vitales al interior del vehículo. ¿Acaso nunca se le asignó seguridad personal o se establecieron medidas especiales mientras se desarrollaba un caso tan delicado? Hoy resulta evidente que no, y las consecuencias está ahí.
La Fiscalía General de Chiapas, a cargo de Olaf Gómez Hernández, no sólo falló en las tareas de “inteligencia”, si es que realmente existen, sino también en la obligación de garantizar seguridad a su personal comprometido por investigaciones de alto riesgo. Y es que, lo sucedido el pasado martes 10 de agosto no en asunto menor; se dejó un mensaje claro de los que los criminales están dispuestos a hacer y la vulnerabilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia.
El asesinato del fiscal de Justicia, Gregorio Pérez Gómez, debe cimbrar las entrañas de la FGE para hacer los cambios que sean necesarios, replantear protocolos y medidas de seguridad dentro de una región cada vez más violenta, bañada por grupos criminales impredecibles, en plena combustión. El homicidio de Pérez Gómez debe ser esclarecido sin miramientos hasta alcanzar justicia y dejar nuevas medidas de seguridad internas para evitar en lo posible que otro caso similar se vuelva a ocurrir… así las cosas.
