Entre el silencio de las autoridades, afluentes que surten de agua a la región central de Chiapas siguen elevando sus niveles de contaminación debido al arrastre de sustancias tóxicas desde el relleno sanitario de la empresa Proactiva Veolia, envenenando lentamente a miles de habitantes que desconocen hoy sobre el peligro en que viven.

Aunque las denuncias públicas sobre el derrame de lixiviados provenientes del relleno sanitario tienen poco más de ocho años en voz del activista Héctor Montesinos, fue en 2017 cuando pobladores y ambientalistas denunciaron la muerte masiva de peces en el río Pacú, en el municipio de Suchiapa, generando una inevitable alarma por la dispersión de sustancias tóxicas hacia toda la región.

El tema ha escalado también a organismos nacionales. Y es que a principios de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 03/2020 en la que llamó a las autoridades de los tres niveles a investigar el caso que, según el propio documento, podría estar vinculado a diversos reportes de cáncer dentro de comunidades cercanas a los afluentes contaminados.

Pero el llamado de atención más importante llegó en abril de 2019 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares (bajo numeral 1498-18) a las autoridades mexicanas, principalmente al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para detener la contaminación progresiva de los afluentes que, según expediente en manos del propio organismo internacional, estaría relacionada con la muerte pobladores en el ejido Emiliano Zapata.

El expediente documenta el deceso de 21 personas, entre ellos 9 niños, a causa del desarrollo de diferentes tipos de cáncer entre los años 2006 y 2018. Sin embargo, a decir del abogado defensor del caso, Ángel Ancheyta, han pasado ya casi dos años desde que se emitió la medida cautelar y hasta la fecha nada definitivo se ha hecho para detener la contaminación de Veolia... Por el contrario, en 2018 y 2020 el actual gobierno municipal favoreció a la empresa con contratos y recursos adicionales para nuevos proyectos de cobertura y contenerización.

No obstante, la omisión del gobierno municipal encabezado hasta hace unas semanas por Carlos Morales Vázquez no resulta tan extraña. Durante su paso por la a Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMANH), Morales Vázquez se convirtió muy pronto en foco de los señalamientos por el silencio y omisión que guardó en torno al caso, pese a las insistentes exigencias de defensores ambientales para encabezar denuncias formales y procesos sancionadores contra la empresa.

El entonces miembro del gabinete de Manuel Velasco Coello se negó flagrantemente a proceder contra Proactiva. Pese a la solicitud desesperada para que interviniera, finalmente nunca presentó la denuncia correspondiente ante La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA). Se limitó a promover, mediante la procuraduría ambiental estatal, tres multas de apenas 20 mil pesos (cada una) durante los más de cinco años de su gestión.

El asunto es un tema de suma preocupación que ha sido expuesto innumerables veces, con otros casos alarmantes como el del predio San Martín Mujular. La complicidad de las autoridades municipales para evadir el tema y seguir haciendo negocios con la empresa ha permitido que los ríos se sigan contaminando de manera silenciosa, llevando sus sustancias tóxicas hacia muchos habitantes de la región que hoy sin saberlo consumen agua o alimentos nutridos por esos afluentes… así las cosas.