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Miles de funcionarios y capacitadores en riesgo epidémico bajo responsabilidad del INE (En la Mira) Héctor Estrada A un año de que se desatara en China la crisis epidemiológica más alarmante de los últimos cien años, con un saldo global de más de dos millones 500 mil muertos hasta el mes de febrero, México y el mundo atraviesan un evidente estado de excepción que ha obligado a cambiar la forma de vivir para millones de personas en todos los rincones del planeta.

La ola de contagios y sus medidas restrictivas han provocado en nuestro país la quiebra de al menos un millón de micro y medianas empresas; mantienen sin clases presenciales a alrededor de 36 millones de estudiantes; han dejado poco más de dos millones de contagios, muchos de ellos con graves secuelas; y, lo más doloroso de todo, han cobrado la vida de más de 186 mil personas que no resistieron a la devastadora enfermedad.

Apenas el pasado 5 de febrero México alcanzó su pico más alto de muertes por Covid-19 registradas en un solo día, con más de tres mil defunciones... NO, lo más grave de la pandemia aún no ha pasado. Ni siquiera con la nueva esperanza que ofrece el programa nacional de vacunación, cuyo avance todavía no concluye la primera de cinco largas etapas programadas para concluir hasta 2022.

Para junio, justo en el mes de los comicios intermedios, México ni siquiera habrá vacunado al 40 por ciento de su población total, según estimaciones de la propia Secretaría de Salud federal. Y pese a todo ello, se ha decidido realizar el proceso electoral vigente, con la movilización multitudinaria de personas que implica su organización, los procesos de capacitación y la realización de la jornada electoral el próximo 6 de junio.

No ha habido pretexto que valga a la hora de aprobar calendarios, establecer esquemas de logística y convocar a elecciones, ni siquiera la crisis epidemiológica más grave del último siglo. Por el contrario, desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha decidido enviar a las calles de todo el país a un regimiento de poco más de 45 mil capacitadores y capacitadoras para visitar CASA POR CASA a más de 12.2 millones de ciudadanos y ciudadanas a fin de invitarlos a participar como funcionarios de casilla, con todos los riesgos que eso implica.

Son 45 mil mexicanos y mexicanas a quienes, por salirse a ganar el pan de cada día, no les quedará de otra que arriesgar la vida y exponerse a los contagios, esta vez bajo la tutela y responsabilidad del propio INE. Para ellas y ellos, los supervisores electorales y capacitadores-asistentes, se ha dispuesto un escueto “Protocolo de Atención Sanitaria” de apenas 20 páginas que sólo establece las mismas medidas básicas que para el resto de la población, tales como el uso de cubrebocas, caretas, gel antibacterial, toallas y solución sanitizante, nada más.

Y qué decir de la “validación” dada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación para negar la contratación de personas mayores de 60 años en el reclutamiento de capacitadores, como si contratar a personas de 59 años o menos eliminara por completo el riesgo de infección o mortalidad, y así curarse de culpas. La sola posibilidad de una muerte entre los capacitadores o funcionarios de casilla por contagios dentro del proceso será responsabilidad de la negligencia, indiferencia y poca empatía con ellos y sus familias quienes también estarán inevitablemente expuestas.

El próximo 6 de junio se estarán habilitando 163 mil casillas en todo el país, contradiciendo todos los protocolos recomendados por las autoridades de salud para evitar aglomeraciones, por más que en el papel y los protocolos se “garantice” la sana distancia. Sabemos perfectamente, por múltiples experiencias, que las condiciones propias de la disputa entre partidos y el “calor de los comicios” vuelven “polvorines” a muchos de los centros de votación durante cada jornada electoral. Desestimar o ignorar eso es una omisión que caerá inevitablemente sobre el INE.

NO hay condiciones para realizar la elección en plena pandemia; al menos no para arriesgar la vida de miles de capacitadores, y funcionarios de casilla que todavía no sabemos si aceptarán la invitación a participar en estas condiciones. La salud y vida de cada uno de ellos será responsabilidad ineludible del órgano electoral organizador y también de cada una de las y los consejeros que guardaron silencio ante tan grave acto de irresponsabilidad que quedará entre los más vergonzosos expedientes de la necedad e indiferencia institucional para privilegiar los intereses políticos sobre la vida humana… así las cosas.