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¿Quién será responsable de la impunidad en el caso Mariana? (En la Mira) Héctor Estrada En medio de la vorágine de omisiones e irregularidades dentro del caso de Mariana Sánchez una carga de responsabilidad determinante para la búsqueda de justicia parece haber sido silenciada entre el escrutinio público: ¿Qué ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE) autorizó la cremación de Mariana y por qué todavía no se revelado su identidad para fincar las debidas responsabilidades?

La anómala decisión tomada por la FGE con bastante premura, según declaraciones de la propia familia de la víctima, podría ser el verdadero “punto de quiebre” a fin de alcanzar la anhelada justicia para Mariana. Y es que, cremar el cuerpo de la joven doctora no sólo fue un error de procedimiento, sino una violación directa a los protocolos en materia de feminicidio.

Por las condiciones en que fue encontrada Mariana, su cuerpo no debió ser cremado de ninguna manera. Así lo determina el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en México” que fija la línea de acción en materia procedimental para el resto de los protocolos estatales.

Más allá de que existiera o no denuncia previa sobre violencia sexual en contra de Mariana, que ha sido la principal excusa para deslindarse de responsabilidades sobre omisión dentro de la FGE, la carpeta de investigación después de su muerte debió abrirse bajo la figura de Feminicidio, y no fue así de primera instancia. Así lo establece la normativa vigente cuando se trata de muertes violentas en mujeres, cuya instrumentación en Chiapas se encuentra bajo responsabilidad directa de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, hoy a cargo de María Guadalupe Cruz Acuña.

No es un asunto nuevo para las autoridades ministeriales de Chiapas. Desde 2016 la Conavim ha invertido en la entidad alrededor de 18 millones de pesos como parte de la “Alerta de Violencia de Género” en procesos de capacitación a personal de la FGE y Seguridad Pública para saber qué hacer frente a posibles casos relacionados con violencia de género, entre los que el Feminicidio ha sido tema medular. Así que no pueden excusarse en el supuesto desconocimiento del procedimiento. Sabían perfectamente cómo debían actuar.

En su capítulo tercero, párrafo octavo, el protocolo de actuación federal establece de manera muy clara que la o el ministerio público “tendrá a su disposición el cuerpo o los restos de la víctima de feminicidio, esté o no identificada, de tal manera que no puede autorizar su inhumación o incineración bajo ninguna circunstancia; sin que se hayan agotado exhaustivamente la examinación y peritajes que permitan identificar a la víctima, al probable responsable o al esclarecimiento de los hechos”.

Sin embargo, por instrucción de las autoridades, a Mariana decidieron incinerarla en menos de 58 horas.  A su mamá, Lourdes Dávalos, quien viajaba desde el norte del país para despedir a su hija, apenas le dio tiempo de despedirse del cuerpo, mientras con sospechosa prisa agilizaban la movilización del cadáver hacía el crematorio.

Haciéndose valer del desconocimiento sobre los procesos de investigación y el dolor propio del momento, las autoridades ministeriales se aprovecharon para solicitar la autorización de un familiar cercano para agilizar la cremación, sin que la madre, como persona directamente responsable, tuviera conocimiento y autorizara el proceso de incineración a los restos. Lo anterior consta en la denuncia de hechos.

Las autoridades sabían perfectamente que al incinerar el cuerpo también eliminaban buena parte de las pruebas esenciales para determinar posibles delitos de violencia sexual cometidos contra Mariana; sabían perfectamente que estaban contradiciendo lo establecido por los protocolos de actuación en torno a la muerte violenta de mujeres; y que todas las líneas de investigación no se habían agotado. Pero decidieron propiciar la cremación de la joven.

La decisión de las autoridades ministeriales sólo podría responder a dos lógicas posibles: sospechosas complicidades con el crimen o graves omisiones por incompetencia. Y en ambos casos se configuran graves responsabilidades. La FGE está obligada a informar públicamente de manera detallada quiénes son los funcionarios involucrados en la anómala cremación y el desacato al protocolo de actuación, e iniciar sin pretextos una investigación sobre el caso.

Las omisiones en torno al caso de Mariana Sánchez también ocurrieron dentro de la Fiscalía General del Estado. Si bien no las que llevaron a la muerte de la joven doctora, sí las que podrían impedir que se le haga justicia. Los sospechosos errores ministeriales ya no pueden seguirse solapando, pues se han vuelto una práctica constante en Chiapas que han propiciado una impunidad un constante para muchos casos de mujeres víctimas de la violencia asesina… así las cosas.