Los casos de crueldad animal en Chiapas parecen haberse hecho más recurrentes durante los últimos años, o tal vez más evidentes con la exposición mediática de las redes sociales. Tan sólo en lo que va de 2020 al menos cinco casos han cobrado relevancia por los niveles de violencia brutal expuesta, reabriendo así el debate sobre la necesidad de leyes que tipifiquen y castiguen finalmente el maltrato animal en la entidad.

Fue a principios del año pasado (abril de 2013) cuando el legislativo estatal recibió la propuesta de ley que pretende autorizar la aplicación de sanciones contra quienes realicen cualquier tipo de maltrato hacia los animales. La iniciativa presentada, en ese entonces, contempla penas de hasta seis años de prisión y sanciones económicas hasta de 600 salarios mínimos; castigos para situaciones de maltrato tan recurrentes como el abandono animal.

Sin embargo y pese a lo ambicioso de la propuesta, las reformas logradas se vieron limitadas a la prohibición de circos con animales, dejando a las regulaciones de mayor impacto en el congelador debido a razones que pocos entendieron, pero que hoy significan el mayor de los pendientes en la materia.

Y es que, si bien el maltrato animal tiene su expresión más inhumana en la violencia asesina, muchas veces asumida como actos de “diversión u odio irracional”, el problema tiene su principal origen en el recurrente abandono canino y felino que se ha convertido durante décadas en parte de la escénica urbana al que muchos nos hemos acostumbrado.

Los perros y gatos callejeros, gran porcentaje de ellos con dueños identificables, parecen haberse convertido en elementos de las calles y banquetas de las ciudades y los pueblos de Chiapas, como seguramente sucede en otras tantas entidades del país.

Con el paso del tiempo, muchos nos adaptamos a su presencia, a vivir con el peligro que representan y a ignorar su dolor. Desensibilizándonos poco a poco nos acostumbramos a verlos enfermos, deteriorados y a esquivar sus cadáveres en la vía pública como si fuese algo “normal”.

La realidad es que la indigencia de animales domésticos tiene un origen humano, un trasfondo social que habla de una mediocre cultura de respeto a las distintas las formas de vida y la inexistencia de regulaciones que procuren y garanticen dicho respeto.

Es fauna urbana que no se reproduce de la nada; se debe a individuos o familias irresponsables que tras perder “el encanto” de sus mascotas deciden arrojarlas a la calle, al yugo de las inclemencias del tiempo, los riesgos de transito automovilístico y la desnutrición. Sin duda, de los peores actos inhumanos y maltratos que los animales domésticos reciben a diario.

Según datos oficiales de las autoridades de salud en Chiapas, se estima la existencia de alrededor de 53 mil perros callejeros solamente en Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente un perro vagabundo por cada 10 habitantes en la ciudad. Apenas este miércoles 11 de noviembre alrededor de 50 perros fueron envenenados en la colonia Monte Cristo de la capital chiapaneca.

Son mascotas golpeadas, laceradas, asesinadas brutalmente y hasta violentadas sexualmente, con casos documentados que no dejan espacio a la duda sobre lo indispensable que resulta legislar para castigar a las personas responsables de dichos abusos. Seres humanos desensibilizados que también significan un riesgo latente a mayor escala.

Justo son estos los argumentos que hacen urgente “descongelar” la iniciativa de ley contra el maltrato animal. Es momento de que los legisladores chiapanecos regresen el tema al pleno de discusión para revisarla, enriquecerla y ponerla en marcha.

No hay pretextos válidos para seguir postergando una ley que ya debería estar en vigor, para obligar a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a establecer mecanismos que hagan verdaderamente responsables a las personas de sus mascotas y castiguen severamente cualquier acto de violencia contra ellos.

Urgen leyes activas que combatan de fondo el maltrato animal que tiene su más alarmante expresión en la indigencia canina, en dar herramientas para la aplicación de denuncias ciudadanas y la instrumentación de los procesos legales respectivos contra los responsables. Porque no se trata de un problema animal, sino de negligencia, irresponsabilidad y barbarie humana sin límites… así las cosas.