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El nuevo berrinche de las mafias transportistas en Chiapas (En la Mira) Héctor Estrada La aprobación de la nueva Ley de Movilidad y Transportes en Chiapas parece haber revivido “muertos”. Y es que, de un sólo plumazo, la nueva legislación borró de los órganos encargados de la toma de decisiones a las organizaciones transportistas que por años habían participado en el “reparto” de concesiones, así como en las mesas de negociación relacionadas con los aumentos tarifarios y los proyectos de modernización al sector.

La reacción inmediata de agrupaciones transportistas advierte lo que se podría convertirse en un nuevo conflicto, orquestado desde las mentes maquiavélicas de sus conocidos líderes. Tras su detención durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, Bersaín Miranda Borraz ha reaparecido en la escena con una versión pública menos retadora, pero igual de mañosa en el fondo.

¿Pero cuál es el argumento central de la inconformidad con la nueva ley Movilidad y Transportes? De acuerdo a los propios transportistas, en voz de Miranda Borraz, el principal descontento tiene que ver con la desaparición de los Comités Técnicos Consultivos donde las organizaciones y líderes transportistas tenían importante participación.

Y es que, con la nueva legislación, el órgano regulador interno abrió sus puertas a la participación de organismos ciudadanos como los colegios y asociaciones de especialistas en materia de desarrollo urbano y movilidad, pero eliminó la participación de los consejos consultivos municipales integrados mayoritariamente por concesionarios y “empresarios” del transporte público de cada región de la entidad chiapaneca.

“Eran comités consultivos que daban transparencia a procesos como el otorgamiento de concesiones (…) ahora, sin los concesionarios transportistas en los órganos reguladores, es como si los vecinos tomaran decisiones sobre nuestras propias casas”, aseguraron los líderes del transporte público en Chiapas durante la reunión informativa de este miércoles.

El argumento parece tan convincente, que hasta podríamos creerles el cuento de que durante los últimos años ellos, los pulpos del transporte, han sido garantes de la legalidad. Si bien es indiscutible que hay detrás una evidente intención para concentrar las decisiones en las autoridades estatales, con representantes ciudadanos más a modo, hay que reconocer que la presencia de las organizaciones transportistas tampoco han garantizado justicia y legalidad en los procesos.

Querer engañar a la ciudadanía con argumentos de preocupación sobre los riesgos de su ausencia en la toma de decisiones es omitir por completo que los abusos y las violaciones a la ley se han cometido también con su participación activa mediante los dichosos comités técnicos consultivos. Lo que realmente les preocupa ahora no tiene nada que ver con la transparencia o la legalidad, sino con quedarse fuera del reparto cupular.

Sin tener grandes expectativas sobre los nuevos candados en materia de movilidad y transporte, o las verdaderas intenciones de la autoridad local, Chiapas requiere hoy de una verdadera regularización a un sector plagado de mañas, irregularidades y complicidades, que han dejado a los usuarios marginados. Poner en cintura a los pulpos del transporte debe ser sólo el primer paso para hacer que la ley sea realmente efectiva y las cosas cambien de prioridades… así las cosas.