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Las víctimas de trata y la confusión con el caso Dylan (En la Mira) Héctor Estrada El hallazgo de Dylan y el final de un caso que alcanzó niveles inimaginables para la propia mamá del niño, Juanita, parece haber dejado en Chiapas una sensación de “justicia inconclusa o daños colaterales” debido a descubrimientos y detenciones durante el proceso de búsqueda, que generaron controversias vinculadas, pero que en la realidad ya nada tienen que ver con el caso judicial del menor localizado en Cintalapa, Chiapas.

Fue el pasado 21 de julio cuando la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) dio a conocer el aseguramiento de 23 niños indígenas, presuntas víctimas de trata o explotación infantil, en San Cristóbal de las Casas. Las investigaciones y denuncias ciudadanas sobre pistas que podrían contribuir a la localización Dylan llevaron a las autoridades policiacas a la detención de dos personas sospechosas y el posterior cateo de una casa en el barrio Tlaxcala donde encontraron a los niños, hacinados y bajo la tutela de tres mujeres.

No se encontró a Dylan entre los menores, pero sí a una “presunta microestructura familiar de explotación infantil”, según la FGE. Los videos grabados durante el hallazgo, difundidos por la fiscalía, muestran una casa con colchonetas hacinadas donde más de una veintena de niños dormían. Sin embargo, fueron las declaraciones de los menores, ahora bajo el resguardo del DIF, quienes endurecieron las acusaciones. No les daban comida y eran castigados si no conseguían las cuotas del trabajo diario, señalan los testimoniales ante el ministerio público.

No obstante, lo que parecía un inobjetable “aseguramiento triunfal” por parte de la FGE terminó por complicarse en medio de acusaciones y confusiones. Los abuelos de algunos menores rescatados no tardaron en salir a medios de comunicación, con actas de nacimiento en mano, para asegurar que dos de las detenidas eran madres de algunos de los niños... Pero la mayor de las dificultades en el caso vendría días después con el presunto suicidio de uno de los recluidos.

Se trataba de Adolfo Gómez Gómez, otro de los abuelos de los menores, capturado días previos al cateo. Según declaraciones de los propios familiares, que coincide con la denuncia de hechos, a Adolfo Gómez se le vio días previos subiendo a un transporte público con un menor parecido a Dylan, por lo que fue llevado ante las autoridades. Su detención y las investigaciones terminaron dando con la casa donde el hombre, originario de la comunidad Chictón, donde se encontraban algunas de sus hijas y 23 niños, familiares suyos de la misma comunidad, dedicados al trabajo en vía pública dentro de San Cristóbal.

De acuerdo a las denuncias de testigos e investigaciones de la fiscalía, en el lugar se aglutinaba a niños enviados desde Chictón para mandarlos a trabajar en las calles de la ciudad. La mayoría eran menores de 12 años y presentaban signos de desnutrición y maltrato. No obstante, los familiares pronto aseguraron que se trata de sus propios hijos y nietos, argumentando la tutela de los menores y su venia para permanecer en esa situación.

Este mismo miércoles, durante la conferencia de prensa realizada por la organización Melel Xojobal en San Cristóbal de las Casas, familiares de los menores y las personas detenidas negaron las acusaciones de la autoridad ministerial. “Nosotros no llevamos a los niños a trabajar. Sólo los llevamos de acompañantes. No los ponemos a trabajar, ni les pedimos cuotas de dinero o los castigamos por no traer dinero”, aseguraron tajantemente algunas de las madres de los 23 niños “rescatados”.

Es así como lo que comenzó con la sospecha del paradero de Dylan terminó por convertirse en un caso completamente distinto.  Pero, entonces, ¿qué tienen que ver hoy los detenidos por el hallazgo de los 23 niños con el caso de Dylan? Penalmente ya nada. Se trata de carpetas de investigación sobre dos casos y delitos completamente distintos. El de Dylan, cerrado recientemente tras su localización en Cintalapa, por el delito de secuestro o sustracción de menores, y el de los detenidos en la casa con 23 niños por el delito de trata o explotación infantil.

Por eso el hallazgo de Dylan no ha cambiado en nada la situación legal de los detenidos, cuyas víctimas del caso son justamente los 23 niños asegurados. Su proceso judicial sigue desde hace semanas su propio cause. En pocas palabras, las cuatro personas imputadas están detenidas por el delito de explotación (trata) infantil, no por el rapto de Dylan; y la presentación de documentos que acreditan su parentesco como los menores no elimina o disminuye el delito. Al contrario, según lo establece el Código Penal, si la explotación infantil es cometida por un familiar alcanza penas más elevadas que si fuese cometida por una persona ajena al menor.

Más allá de lo que se resuelva en este caso. Este hecho ha puesto sobre la mesa un problema bastante común y normalizado en Chiapas, pero del que muy poco se habla: la explotación laboral infantil. Esa que sucede a diario frente a la vista de todos, que nada tiene que ver con el trabajo infantil simple, y que en el fondo esconde un maltrato sistemático para miles de niños y niñas indígenas que se han convertido en una descarada fuerza laboral para adultos que ven en ellos una potencial fuente de ingresos adicionales, más allá de sus derechos a una infancia segura, digna y libre de violencia.

El caso que hoy tiene detenidas a cuatro mujeres y mantiene bajo la lupa la repentina muerte de otro de los inculpados por la presunta explotación de 23 menores de edad deberá seguir su curso con todas las garantías cautelares correspondientes. Se trata de un expediente bastante controversial y complejo por sus propias características, pero que en caso de confirmarse (el maltrato y explotación infantil) con la respectiva sentencia seguramente se convertirá en parteaguas judicial para un tema que muchos han preferido ignorar durante años… así las cosas.