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Sentencia histórica contra la violencia de género desde el poder en Chiapas (En la Mira) Héctor Estrada La participación de las organizaciones civiles y la nueva cultura contra la violencia de género en entidades con machismo tan recalcitrantes como Chiapas parecen comenzar a tener cambios que a veces pasan desapercibidos, pero que son realmente significativos. Y es que, en menos de año y medio tres autoridades municipales (dos alcaldes y un síndico) han sido separados de su cargo y procesados penalmente por casos de acoso agravado y violencia intrafamiliar.

Si la violencia de género al interior de los hogares en municipios rurales o indígenas es difícil de denunciar, la ejercida desde cargos de autoridad parece prácticamente intocable; sobre todo si se trata de lugares donde la hegemonía masculina, los usos y costumbres y el poder político se han vuelto durante siglos una combinación “aplastante” para las mujeres.

Por eso detenciones como la ocurrida el pasado fin de semana contra el ahora ex presidente municipal de Pantelhó, Santos López Hernández, acusado de acoso agravado en contra de dos de sus empleadas, resulta un hecho relevante. La presión ejercida por colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil hizo que lo que antes parecía impensable, que la voz de dos mujeres valientes contra una autoridad de “primer nivel” tuviera eco, llegara hasta la detención del propio alcalde.

Y es que la violencia de género en Chiapas es un problema grave y bastante frecuente. De acuerdo a datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, al menos tres de cada cuatro mujeres en la entidad han sufrido algún tipo de violencia de género. Más del 61 por ciento de los casos son de mujeres de municipios indígenas, siendo la familia y el trabajo los lugares donde son violentadas con mayor frecuencia.

En los casos de violencia de género al interior del trabajo, la mayoría guarda silencio por temor, normalización o amenazas de sus mandos superiores. Pocos de los casos de violencia o acoso agravado en los que se ven involucradas autoridades de alto nivel, como directores, líderes comunales o autoridades municipales, trascienden a la denuncia penal. En Chiapas, por lo menos durante los últimos años, no se tenía registro de un caso que escalara a instancias judiciales.

A eso se debe que la denuncia hecha por Wendy López y Federica Gómez sea un parteaguas para Chiapas dentro del combate a la violencia de género. Con este caso, suman tres desafueros y procesos penales en menos de año y medio contra autoridades municipales: el del presidente municipal de Tapilula, David García Urbina, del Partido Chiapas Unidos, detenido en Puerto Arista por violencia intrafamiliar el pasado 19 de marzo y el del síndico de Mapastepec, gobernado por Morena, también acusado de violencia familiar equiparada.

Bien por el Congreso y la Fiscalía General de Chiapas para dar viabilidad a casos como este y no sucumbir ante la presión o el influyentísimo del poder. No obstante, lo que de ninguna manera puede permitirse es que estos casos se conviertan en hechos aislados. Lo conseguido gracias a la valentía de Wendy y Federica debe servir como ejemplo para otras tantas mujeres que actualmente son víctimas de violencias de género similares, también emanadas desde el poder.

El activismo y acompañamiento de organizaciones civiles feministas ha sido coyuntural para que, más allá de los intereses políticos que seguramente se van a atribuir a este tipo de casos, las víctimas de violencia jerárquica en instituciones públicas de Chiapas puedan aspirar a procesos justos que, como en el emblemático caso de Pantelhó, lleguen hasta la detención de poderosas autoridades misóginas que antes se creían intocables… así las cosas.